El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires declaró admisible un recurso presentado contra la reciente normativa aprobada por la Legislatura de la Ciudad.
Este martes, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires declaró formalmente admisible una acción declarativa de inconstitucionalidad vinculada con la reciente regulación de los sellos en la Ciudad.
En el acuerdo, los integrantes del TSJ, por mayoría, declararon formalmente admisible la el proceso de control de constitucionalidad abstracto (art. 113, inc. 1 de la CCBA) instado por Rodolfo Spisso.
La mayoría para admitir el recurso estuvo compuesta por Luis Lozano, Ana María Conde, José Osvaldo Casás y Jorge Franza -este último convocado para integrar el Tribunal en esta oportunidad- . Mientras que en disidencia se expresó Alicia Ruiz que propició el rechazo in limine de la demanda por “defectos de fundamentación”.
La norma fue cuestionada por cuanto establece el procedimiento mediante el cual la Dirección General de Rentas (DGR) fija el valor inmobiliario de referencia (el VIR) de los inmuebles que constituye la base imponible del impuesto de Sellos, “sin el dictado de acto administrativo alguno e intervención previa del contribuyente”.
Así, quien impulsa la acción sostuvo que el procedimiento atacado configura una vía de hecho de la administración, en infracción a “la Ley de Procedimientos Administrativos, y con ello el art. 31 de la Constitución nacional y el principio de seguridad jurídica”. Además, sostiene que el accionar de la autoridad administrativa “conculca gravemente el derecho de defensa del contribuyente”.
No fue lo único en lo que el TSJ porteño delineó para el correr de este año ya que se precisó que se realizará una audiencia pública en la que se debatirá acerca de la validez constitucional de la reforma del Código Fiscal que modificó el régimen de exenciones aplicables a la industria a la luz del “Pacto Federal II” (Pacto Federal Para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Ello en el marco de la acción declarativa de inconstitucionalidad instada por Valot S.A.