Tras el procesamiento de los directivos de Exxel, la justicia de instrucción dispuso ahora el embargo por casi 353 millones de pesos de los encausados. Además, Norberto Oyarbide, en el marco de la causa por las escuchas ilegales, pidió las causas que involucran a uno de los procesados.
Ricardo Warley , juez de instrucción N° 12 dispuso un embargo de alrededor de 353 millones de pesos sobre ex miembros de la empresa The Exxel Group, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la transferencia de acciones, y en la que los ex directivos se encuentran procesados desde diciembre último.
El magistrado tuvo que fijar ese embargo obligado por la Sala IV de la Cámara del Crimen, que revocó el sobreseimiento dictado por el juez disponiendo simultáneamente todos los procesamientos que ahora reciben como medida accesoria la fijación del embargo.
Los procesados son Juan Carlos Navarro Castex, Marcelo Aubone Ibarguren, Carlos Alberto Oris de Roa, Jorge Luis Demaría, Víctor Hugo Pereyra, Carlos Fabián Viola, María del Carmen Montes, Gustavo Blas Sánchez y Gabriel Rolando Martini.
Asimismo, se conoció la noticia de que el juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de la causa por las “escuchas ilegales”, solicitó a la justicia en lo criminal porteña los expedientes de las causas en la que figura el primero de los embargados, Juan Castex. Una de ellas es el expediente donde se encuentra embargado Castex y la otra una causa tramitada ante el Juzgado de Instrucción N° 45 y que se trataría de una denuncia de extorsión que le hiciera Juan Navarro Castex a su hermano Jorge.
A principios de enero, aunque el fallo fue firmado el 29 de diciembre, se conoció el procesamiento de varios directivos de la empresa The Exxel Group en el marco de una millonaria estafa cometida en perjuicio del grupo Carrefour en la compraventa de acciones de Supermercados Norte S.A.
La sala IV de la Cámara del Crimen, integrada por Carlos González, Marcelo Lucini y Alberto Seijas, revocó el sobreseimiento y dispuso el procesamiento de estos ejecutivos consignando que los “directivos vinculados a "The Exxel Group" habrían impartido directivas expresas a integrantes de la gerencia para registrar operaciones inexistentes en los estados contables-luego aprobados por los primeros- a fin de disminuir los pasivos en compra de mercaderías, aumentando por ende el activo”.
En aquel fallo que derivara en el procesamiento de los implicados -“The Exxel Group s/sobreseimiento”- tuvo, presuntamente, un rol activo la firma de auditores Price Waterhouse Coopers a través de Gabriel Martini. Este, para los jueces, habría ocultado "información relevante para los compradores resultó esencial para perpetrar el fraude conforme lo planteado y se encuentra demostrado que actuó en connivencia con los demás imputados al realizar informes y demás dictámenes para los que había sido contratado como profesional independiente".
“La complejidad de la maniobra investigada que irrogara el pago de un precio mayor por las acciones de “Supermercados Norte S.A.” demuestra su idoneidad para inducir a error aún a quienes, como los aquí querellantes, contaban con gran experiencia en este tipo de negocios, máxime cuando tomaron los recaudos para garantizar sus intereses al designar a un auditor externo justamente para corroborar los estados contables de la empresa que pretendían adquirir en su totalidad”, agregan los jueces.
Por el año 2007, incluso los coletazos de esta causa se sintieron en el Consejo de la Magistratura. En aquel entonces Miguel Bonasso, quien era diputado nacional –hoy lo sigue siendo- se presentó una denuncia contra los camaristas Juan Cicciario y Abel Bonorino, por haber apartado al ahora ex juez, Juan María Ramos Padilla quien por entonces llevaba adelante la causa.
Aquella denuncia presentada por Bonasso explicaba que “los magistrados citados dictaron una llamativa resolución por la cual se resolvió el apartamiento del juez natural interviniente, Juan María Ramos Padilla, y la nulidad y destrucción de importantes pruebas en una causa en la que se investiga un grave caso de corrupción judicial en el que los peritos contables de la Corte Suprema habían quebrantando las leyes mientras efectuaban un estudio técnico en un caso de estafa que involucra a las empresas Carrefour, Norte, Exxel Group y Price Waterhouse Coopers”. Finalmente la denuncia fue desestimada en un plenario celebrado el 13 de noviembre del 2008.