La Defensoría General de la Capital Federal acusó a la Fiscalía General local de omitir dar intervención a la defensa pública o particular en aquellos procedimientos de restitución de inmuebles y que se sospecha fueron usurpados. La presentación fue realizada ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.
El defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim, denunció en las últimas horas al Ministerio Público Fiscal local por la “reiterada y generalizada” omisión del organismo en dar intervención a la defensa técnica en casos de restitución de inmuebles que se sospechas fueron usurpados en el ámbito de la Capital Federal.
Según la denuncia de casi medio centenar de carillas, el Ministerio Público Fiscal no informa a la defensa particular o pública en aquellos casos en que se ordena restituir al propietario algunos inmuebles que son parte de una investigación por el delito de usurpación previsto en el artículo 181 del Código Penal.
En los casos de privación de justicia –según lo fijado por el artículo 113 inciso 4º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- es competencia del Tribunal Superior de Justicia.
En la denuncia, Kestelboim acusó que la práctica llevada a cabo por es cartera se avasallan “los derechos constitucionales a la defensa en juicio y al debido proceso, a la doble instancia, a la igualdad de armas y al acceso a la justicia, de las personas –adultas y/o menores de 18 años de edad”.
“Dicha práctica violatoria de derechos viene aconteciendo desde, al menos, el año 2009 hasta la actualidad, y ha sido ratificada y convalidada por la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según la presentación.
Además, Kestelboim recordó que en septiembre de 2009 junto con la Asesoría General Tutelar habían instado al Fiscal General de la Ciudad a “que adopte las medidas pertinentes a fin de garantizar que los fiscales de primera instancia con competencia penal que actúan ante el Fuero en lo Contravencional y de Faltas requieran la intervención del Ministerio Público Tutelar y del Ministerio Público de la Defensa en todos los procesos en los que se investigue el delito de usurpación desde el momento de recibida la denuncia”.
“Finalmente, luego de más de un año de dicho pedido y un mes antes de los luctuosos acontecimientos del Parque Indoamericano, el 4 de noviembre de 2010 el Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, dictó la Res. Rechazando definitivamente la petición que le formuláramos”, recordó la Defensoría.
Por ello entienden que la intervención que se da a la defensa por parte del Ministerio Público Fiscal, en su gran mayoría - el 71.7% de los casos que hubo desalojo en las causas por el delito de usurpación- la intervención “fue tardía o inexistente, privando así de manera inadmisible en un estado de derecho del acceso a la justicia y de los derechos constitucionales más elementales a las personas que los sufren que son, casi en su totalidad, personas en condición de vulnerabilidad por razones de pobreza, de nacionalidad, de edad y de género”.