Se encuentra la interna en la Cámara Federal Penal porteña por la cuestionada prisión de Victor Alderete, el ex interventor en el Pami. Es que la sala I de este tribunal que integran Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, los dos de fluídas vinculaciones políticas con el peronismo menemista, deben decidir si el ex funcionario sigue preso en el escuadrón Buenos Aires de Gendarmería o debe irse a su casa como sostienen no pocos penalistas apolíticos del foro local o debe quedarse como lo pretenden algunas capillas políticas de la Alianza. Sucede que los cargos impuestos por Adolfo Bagnasco -uno de los jueces federales de mayor cintura política- dejó encerrado a Alderete por una interpretación muy particular del código: presunta posibilidad que el diminuto ex pope de la obra social de los jubilados pudiera escapar o entorpecer la investigación por presunta corrupción. Pero Bagnasco no pudo encontrar en su investigación un argumento serio y de peso para poder imputarle asociación ilícita que sí hubiera justificado su prisión. El mismo juez en privado, suele reconocer que fue un caso político y que debió actuar de esa manera para evitar ser escarnecido por los fundamentalistas del gobierno, sobre todo desde la oficina anticorrupción.
hugo morales / dju
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