Ciudad: disponen el 16 de noviembre día del trabajador judicial | Chubut falló en contra de las listas colectoras | Más procesados por los remedios falsificados
Oficializan el día del trabajador judicial en la Ciudad
Se oficializó en la ciudad de Buenos Aires la Ley 3.676 que declara como jornada no laborable en todo el ámbito del Poder Judicial porteño al 16 de noviembre por ser el Día del Trabajador Judicial. La fecha dispuesta hace referencia a que en noviembre de 1952 se fundó en la provincia de Catamarca a la Confederación Judicial Argentina.
Las "listas colectoras" tuvieron un traspié en Chubut
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut falló en contra de las llamadas "listas colectoras" e impidió que la lista Modelo Chubut, avalada por el gobernador Mario Das Neves, pueda sumar votos de Proyección Vecinal de Chubut en las elecciones del 20 de marzo próximo. Por cinco votos a uno, un cuerpo integrado por tres ministros del Superior Tribunal de Justicia y tres conjueces decidió anoche revocar la resolución 19 del Tribunal Electoral Provincial y sus derivadas, “en cuanto admitieran la duplicación de candidatos”. Así, el máximo tribunal de Chubut inhabilitó el uso de las llamadas ‘listas colectoras‘ para las elecciones provinciales, ante un pedido del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV). El Superior Tribunal desarmó el acuerdo programático que rige desde 2007 entre el Partido Justicialista y Proyección Vecinal del Chubut.
Otros procesamientos por la "mafia de los medicamentos"
El ex superintendente de servicios de salud Juan Rinaldi y el empresario farmacéutico José Salerno fueron procesados por el juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la megacausa por la “mafia de los medicamentos”. Entre los doce nuevos procesados por el magistrado, no está el titular de la UATRE, Gerónimo Momo” Venegas, quien fuera detenido –luego liberado- como acusado de pertenecer a una asociación ilícita. El procesamiento de Salerno incluye prisión preventiva, a diferencia de Rinaldi a quien en cambio le trabó un embargo sobre sus bienes hasta alcanzar la suma de cinco millones de pesos. Los procesamientos también alcanzaron a integrantes de la obra social bancaria y funcionarios de la Administración de Programas Especiales (APE), organismo que se encargaba de dar reembolsos a las obras sociales cuando éstas daban a sus afiliados tratamientos complejos.