La Ciudad Universitaria de La Rioja fue construida, según la denuncia que elaboró el organismo que encabeza José Massoni y a la que tuvo acceso Diariojudicial.com, con fondos otorgados por el Ministerio de Educación que originariamente estaban previstos en el presupuesto nacional de 1996 para el denominado Programa 26, que incluía becas, postgrados e investigación. Durante los dos últimos años de trabajo -1997 y 1998- la obra fue costeada con los fondos del Programa 99, que debían haber sido utilizados por las municipalidades para gastos corrientes.
Al parecer, gracias al favoritismo de los sucesivos ministros del área, la Universidad Nacional de La Rioja logró construir edificios por 60 millones de pesos, cuando su presupuesto anual alcanza sólo 14 millones. La Oficina Anticorrupción también criticó en su denuncia el mecanismo privado de licitación que fue elegido por la UNLA, cuando “por el monto esperado del contrato se debería haber hecho una licitación pública”.
Desde la Oficina Anticorrupción advierten “dos negociaciones extrañas” ocurridas mientras la licitación estaba en ejecución.
Se asignó a la contratista ya designada una ampliación en la instalación de aire acondicionado por 7 millones de pesos sin ningún tipo de fiscalización. Además, a ese mismo contratista se le otorgaron 2.500.000 pesos “por aceleración de obra”, en un cálculo que no estaba incluido en el pliego inicial.