El magistrado riojano Alfredo Ramos fue separado de su cargo por un jury que lo investigó por la venta ilegal de varios terrenos en el oeste de esa provincia. Consideraron que incurrió en mal desempeño, violación reiterada de normas constitucionales y desviación de poder.
Explotación minera, reservorios de agua y tierras fértiles son algunas de las ventajas que representa una propiedad en el oeste de la provincia de La Rioja. Es por eso que un jury de enjuiciamiento destituyó al juez de instrucción Alfredo Ramos, de la localidad de Chilecito, en esa provincia. Es que se comprobó que el magistrado estuvo involucrado con la venta ilegal de varias hectáreas de terreno en ese lugar que acarrea un gran valor.
Mal desempeño, desviación y arbitrariedad en el ejercicio del poder; violación reiterada de normas constitucionales y desconocimiento del derecho son las causas que le imputaron al juez los miembros del jury. Ayer, en la lectura del fallo, no estuvieron presentes ni él ni su abogado defensor, Tomás Yoma.
En septiembre del año pasado, una comisión legislativa que estaba investigando operaciones de compra y venta de terrenos en la provincia se encargó de descubrir al funcionario. Aseguraron que había varios "magistrados, funcionarios judiciales y particulares" a los que se les detectó "visos de corrupción" e "irregularidades".
"García Quinzaños, Astur Javier Fraude y Falsedad ideológica y sus acumulados" es el nombre de la causa en la que el juez no dio la posibilidad de querellar a los dueños de las tierras de Valle Hermoso, una localidad riojana. Es en ese fallo que se descubrieron las irregularidades del ejercicio con respecto a estas tierras, y de donde el jury sacó parte de la evidencia.
Ramos estaba suspendido desde noviembre, cuando el poder judicial abrió un sumario administrativo para dos secretarios a raíz de la misma causa.
Por eso, todas las operaciones realizadas en torno a esas tierras fueron canceladas. John Libersohn, un estadounidense que vive en Buenos Aires, había invertido 650.000 dólares en la compra de 200.000 hectáreas, en una venta que fue cancelada por el Ministerio del Interior de la Nación. Libersohn, de todas formas, intimó al estado riojano a que le entreguen las tierras de todas formas, ya que él considera que son de su propiedad por haber realizado la transacción.