Ayer a la noche, el ministro De la Rúa decidió volver anticipadamente de Córdoba, donde vive su familia y fue a pasar el fin de semana, para ir a visitar a Miguel Angel Aguirre y a Claudio Rodríguez al hospital Fernández. Los dos detenidos fueron trasladados de la unidad penitenciaria de Caseros por pedido de sus familiares ante un avanzado cuadro de anemia generado por la prolongación de la huelga de hambre, aunque la salud de ninguno de los dos se encuentra en estado crítico. De todas formas, al cierre de esta edición todavía estaban esperando los resultados de los análisis de sangre que darían más exactitud al diagnóstico.
El Gobierno sigue mostrando gestos de su voluntad para resolver esta situación, aunque tratará de evitar el costo político de otorgar la segunda instancia por decreto, y de ser acusado de “indultar a los guerrilleros” del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Así, el presidente Fernando De la Rúa pidió en su reunión del domingo con los legisladores de la Alianza que intensificaran sus esfuerzos para lograr un consenso con los partidos de la oposición, y varios funcionarios del Ministerio y de la Subsecretaría de Derechos Humanos tuvieron numerosas reuniones para convencer a los diputados.
Por esta cuestión, el Estado argentino recibió la semana pasada la visita de un veedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA –la primera recomendación fue en diciembre de 1997- organismo internacional encargado de intentar que los países de la región apliquen la normativa del Pacto de San José de Costa Rica que han ratificado, incorporado éste a la Constitución a partir de la reforma de 1994. Justamente, por este tema, la definición también preocupa al canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini.
Los presos del MTP fueron juzgados con la denominada ley de Defensa de la Democracia en 1989, un año después de haber asaltado el regimiento. Y, precisamente, la ley sólo prevé una instancia, en contradicción a los que prescribe el Pacto, ahora con jerarquía constitucional.
Sobre el mismo tema, el Defensor Público ante la Cámara de Casación Penal, Mario Landaburu, y los abogados Martha Fernández y Rodolfo Yanzón, solicitaron a la Comisión Interamericana que vuelva a hacer una recomendación al Estado argentino, y que “se constituya “in situ” a efectos de merituar el estado de los distintos proyectos parlamentarios, de los planteos judiciales articulados, y para mantener una audiencia con el titular del Poder Ejecutivo”.