Según Peláez, el terrorista etarra había vigilado y seguido al funcionario penitenciario Baeza, de 46 años, hasta que decidió asesinarlo el 16 de abril de 1997. Según los hechos relatados por el fiscal, el miembro de la organización separatista esperó en Rentería (Guipúzcoa) a su víctima, se le acercó caminando y le disparó varias veces, aunque sólo una de las balas le dio en el cuello.
Desde el fallido intento, Juan José Baeza, que realizaba trabajos administrativos en la oficina de régimen de expedientes de la prisión desde 1992, está sometido a control médico permanente por las secuelas de la herida, así como a tratamiento psiquiátrico, dado que “padece un trastorno de adaptación y otro de ansiedad y depresión”, por lo que el fiscal solicitó al tribunal una indemnización de 30 millones de pesetas (160 mil pesos) además de los 18 años de prisión.
Mientras continúa la escalada de la Justicia en la detención de etarras, en la Audiencia Nacional española calculan que en los próximos tres años, al menos 16 miembros de ETA condenados por delitos de homicidio abandonarán la prisión tras cumplir el máximo de su condena previsto en la anterior legislación penal, en cumplimiento del principio penal de aplicación de la ley más benigna.
Todos estos presos fueron juzgados con la antigua legislación penal –la nueva está vigente desde 1996-, que fija condenas de 30 años como máximo con redenciones automáticas. El primero en salir en libertad será Juan José Larrinaga Etxebarría, el próximo mes, que fue condenado a 221 años en noviembre de 1980 –bajo la órbita de una ley aún anterior a la que lo beneficia- por el asesinato de cinco personas.