La Fundación Sur inició una acción de habeas corpus para que se ordene el cese de la privación de libertad en comisarias a niñas, niños y adolescentes. “Es palmaria la inconstitucionalidad del alojamiento en comisarías de las personas menores de edad con fines identificatorios” sostiene el recurso presentado.
La Fundación Sur presentó ante la Justicia de Instrucción un habeas corpus sostiene colectivo para que se “ordene el cese de la práctica inconstitucional -perpetrada por integrantes del Estado Nacional- de privar de la libertad en dependencias policiales, a niñas, niños y adolescentes menores de edad, imputados en causas penales en las que interviene la justicia Nacional de Menores”.
Según explicaron desde la fundación, los jóvenes “al momento de la detención, son trasladados a comisarías en las cuales son alojados en el mismo lugar que personas adultas y son custodiados por personal de la policía federal que portan armas”.
Esto “viola flagrantemente lo estipulado por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y la normativa local específica, que estipula las exigencias que deben satisfacer los lugares de alojamiento de los jóvenes menores de dieciocho años de edad imputados de haber infringido las leyes penales”.
“A pesar de todas estas normativas, autoridades e instituciones especializadas en materia de infancia y adolescencia, en este mismo ámbito se carece de un centro especializado para alojar a las personas menores de edad aprehendidas por la agencia policial, a los fines de su identificación, cuando son acusadas de la comisión de un delito”, consigna el texto y agrega: “es palmaria la inconstitucionalidad del alojamiento en comisarías de las personas menores de edad con fines identificatorios”.
“La privación de libertad de niñas, niños y adolescentes en dependencias policiales configura una situación extremadamente delicada en función del cúmulo de vulnerabilidades que se encuentran en juego, como así también de los riesgos que implica esta primera intervención policial” por lo que “el Estado debe asumir su función de garante adoptando las medidas pertinentes para garantizar la efectiva vigencia de los derechos de las personas menores de edad” consigna el habeas corpus.
. Asimismo hicieron saber que existe una violación al principio de igualdad, puesto que los menores detenidos en el mismo territorio pero por delitos cuya competencia corresponde a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, son trasladados a un centro de identificación acorde a la normativa internacional.
Entre las pruebas aportadas por la Fundación se encuentran actas de detención en comisarías de menores y diversas resoluciones y testimonios sobre el tema, así como material periodístico y se solicita “ordene la proscripción de toda privación de la libertad en dependencias policiales –por implicar un ilegítimo agravamiento de las condiciones de detención- de niños, niñas y adolescentes a quienes se les impute un hecho competencia de la justicia Nacional de Menores y notifique la decisión al Defensor General, al Fiscal General, al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación”.
“Resulta jurídicamente inaceptable que en el ámbito de la justicia nacional de menores se continúe alojando a las personas menores de edad en dependencia policiales, lo que supone además, un incumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Bulacio y así un claro supuesto de responsabilidad internacional del Estado Argentino” explican desde la Fundación.