En la causa que lleva el juez Omar Facciuto -Juzgado Nacional Correccional 1- estaba ya involucrado por los mismos delitos el Director General de Planeamiento e Interpretación Urbanística, Francisco Prati, subordinado de García Espil y quien dio los permisos a la Fundación Constantini, vinculada al empresario Eduardo Constantini. La ampliación de la denuncia al secretario del área responde a declaraciones públicas en las que este habría justificado lo actuado por Prati.
Ante la Fiscalía, los vecinos presentaron documentación para acreditar que en el distrito residencial de Palermo Chico no se pueden construir edificaciones que superen los 17 metros de altura y que no sean destinados a uso residencial. Pese a ello, según Uki Goñi, uno de los vecinos que hicieron la presentación, durante la gestión de Fernando De la Rúa al frente de la Jefatura de Gobierno Prati autorizó a Constantini “en una breve resolución de dos hojas”.
“La ilegalidad manifiesta de la resolución del arquitecto Prati ha quedado demostrada por De la Rúa quien, pocos meses después de la resolución, firmó un proyecto de ley, aun no aprobado, para legitimar lo actuado por sus funcionarios y la construcción del edificio”, explicó Goñi.
El museo, cuya construcción sigue en marcha, se está levantando en el predio que linda con las calles San Martín de Tours, Figueroa Alcorta, Martín Coronado y la plaza Perú, frente a un importante centro comercial.
Diariojudicial.com se comunicó con allegados muy cercanos a García Espil, que aseguraron que el Gobierno de la Ciudad realizó inspecciones en la obra en construcción y corroboró que “todo está de acuerdo al código” y que hubo encuentros entre los legisladores, los funcionarios y más de cien vecinos para explicar el proceso de construcción. Además, argumentan que “lo único que hizo el Ejecutivo de la Ciudad es elaborar un proyecto de ley para que la legislatura dicte una excepción para la construcción de una terraza en la que Constantini podría exhibir parte de su colección”.
Según los vecinos denunciantes, si hay excepción es porque se quiere violar el código de planeamiento. Desde el Gobierno de la Ciudad dicen que esto “ya no depende del Ejecutivo”, sino de la Legislatura porteña.