La Justicia de Instrucción sobreseyó a los integrantes de la anterior conformación del Consejo de la Ciudad en una causa por supuesta “defraudación en perjuicio de la administración pública”. DiarioJudicial.com habló con la ex titular del organismo, María Teresa Moya.
“Por suerte se hizo justicia”. Fueron las primeras palabras de la ex presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, María Teresa Moya. Es que la Justicia desestimó la denuncia presentada contra la anterior integración del organismo por la compra de un inmueble a valores presuntamente sobre valuados.
La denuncia había sido presentada por los legisladores de Proyecto Sur, Julio Raffo y Rafael Gentile, y por el particular, Jorge Fernández Taboada quienes denunciaron a los consejero por “defraudación en perjuicio de la administración pública” en la compra de un inmueble ubicado en Lavalle 369. Según los denunciantes la compra había sido aprobada “como un tema ya cerrado, sin demasiadas explicaciones y sin ofrecer otros inmuebles como alternativas”.
Sobre la denuncia la fiscal Moya sostuvo que fue “injustificada” e “infundada” y que se “realizó en base a versiones” y “no se aportaron pruebas”. “La jueza con muy buen criterio nos pidió que produjéramos todos los descargos” y agregó que “quedó plenamente demostrado que se tramitó el expediente administrativo” donde “se cumplió perfectamente” con las normas y “los plazos que estable el proceso de licitación”.
Asimismo la ex titular del Consejo de la Magistratura porteño explicitó que el objetivo de aquella conformación era “contar con inmuebles propios y no gastar en alquileres”, ni en gasto de reformas, puesto que considera que es un “dispendio económico” la cuestión de los alquileres. Por ello se trató de “ahorrar” para “tratar de solucionar el problema de espacio que tiene un Poder Judicial nuevo”.
“Optamos por el mejor inmueble que nos permitía y nos permitirá hacer una expansión de carácter de infraestructura”, dijo Moya y agregó que “ya están funcionando allí áreas muy importantes del Consejo de la Magistratura”.
En la denuncia se planteaba que “la decisión de comprar el inmueble, por el modo en que ha sido llevada a cabo y por el precio aprobado, resulta por demás llamativa y mueve a sospecha sobre la falta de transparencia de la operación” - compra que fue valuada en 3.750.000 dólares-.
Sin embargo la jueza en lo criminal de instrucción Guillermina Martínez desestimó la denuncia puesto que “no vislumbro el menor atisbo de la comisión de un ilícito penal” y sobreseyó a todos lo denunciados: Eugenio Cozzi, Julio de Giovanni, María Teresa Moya, Horacio Corti, Juan Pablo Más Vélez, Santiago Otamendi, Patricia López Vergara y Liliana Blasi.
En el fallo la jueza aseguró que “ninguno de los denunciantes dio más precisiones que sus apreciaciones conjeturales y por tanto subjetivas, a partir de determinados datos que sí se corresponden con lo sucedido”. Todos los consejeros y ex consejeros que fueron denunciados ya fueron notificados de la resolución.
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