"Entiendo que sería conveniente trasladar los importantes recursos humanos y materiales de esa área al ámbito de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, con funciones similares pero con independencia garantizada por la Constitución", expresó Moreno Ocampo en una carta dirigida al nuevo titular de la cartera de Justicia.
Moreno Ocampo, quien se desempeñó como fiscal adjunto en el Juicio a las Juntas, advirtió que "se ha cuestionado públicamente la intensidad de la investigación realizada contra algunas personas como Víctor Alderete y Maria Julia Alsogaray, que contrasta con la ausencia de toda investigación sobre personas del círculo íntimo del ex presidente de la Nación doctor Carlos Menem y las restricciones en los casos que se investigaba a miembros del actual gobierno".
Moreno Ocampo dijo haber sufrido en carne propia esa situación cuando el 6 de julio pasado solicitó que se investigara en la órbita de la Oficina Anticorrupción si el ex titular de la SIDE Fernando De Santibañes y otros funcionarios del gobierno habían interferido en un caso judicial penal en el que actuó como querellante contra Eduardo Escasany y otros directores del Banco Galicia.
En ese sentido, aseguró que "la Oficina se empeñó en cerrar el sumario, sin tomar conocimiento de datos que eran públicos, como la íntima relación de De Santibañes, uno de los funcionarios involucrados en el caso, con Eduardo Escasany, que es una de las personas contra las que se dirige la causa".
En torno a ese hecho, Moreno Ocampo denunció en su carta al ministro que en el expediente abierto en la Oficjna "no se incluyeron evidencias importantes" y "tampoco se ordenaron medidas probatorias tan obvias como un simple cruce de llamadas telefónicas de la Sala Penal que intervenía o las declaraciones de los empleados de esa misma Sala".
"Los hechos -concluye- demuestran que la independencia de la Oficina Anticorrupción sólo se puede garantizar con su funcionamiento en el marco de un órgano extrapoder, como lo es el Ministerio Público. Su dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo le quita libertad de acción en general y, en particular, cuando las denuncias involucran a funcionarios de ese poder".