La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su “preocupación” por la durísima sentencia contra el periódico El Universo de Ecuador por una querella del presidente Correa. Para la Relatoría la decisión es “contraria a los estándares regionales en materia de libertad de expresión”.
Tras la sentencia que condenó a miembros directivos del diario ecuatoriano “El Universo”, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que la decisión “es contraria a los estándares regionales en materia de libertad de expresión, y genera un notable efecto intimidatorio y de autocensura que afecta no sólo a las personas condenadas, sino a toda la sociedad ecuatoriana”.
Mediante un comunicado difundido en la últimas horas, la Relatoría sostuvo que “la existencia y aplicación de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resultancontrarias a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.
En este sentido explican que la CIDH “ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión”.
“No hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público”, sostienen.
Para la Relatoría “los más altos funcionarios públicos no sólo tienen la obligación de tener mayor tolerancia frente a las críticas, sino que tienen medios alternativos de enorme eficacia para dar a conocer sus opiniones sobre las ideas o informaciones que consideren injustas u ofensivas”.
Por lo que para el organismo internacional “la sentencia de 20 de julio, se convierte en una grave advertencia que conduce a inhibir a cualquier otra persona o medio de comunicación que tenga opiniones o informaciones que los altos funcionarios puedan considerar ofensivas, lo cual contradice prácticas naturales y necesarias en cualquier democracia”. Y en caso de quedar firme, “implicaría un perjuicio económico que podría incluso llegar a afectar la existencia misma del periódico El Universo”.
Es por todo ello que la Relatoría Especial exhortó al Estado de Ecuador a “adecuar su ordenamiento y prácticas internas a la doctrina y jurisprudencia vigentes en materia de libertad de expresión”. Haciendo además un llamado a las autoridades judiciales competentes para “resolver el caso del periódico El Universo, sus directivos y el periodista Emilio Palacio, de acuerdo con estos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Caber recordar que la causa se inició luego la publicación de una columna de opinión en el mencionado diario escrita por Palacio en la que, tal y como lo consigna la Relataría Especial, se “cuestionaba con duros calificativos presuntas decisiones tomadas por el Presidente Correa durante los hechos del 30 de septiembre de 2010. El Presidente rechazó en todos los extremos las aseveraciones de Palacio y consideró que las mismas vulneraban su reputación, por lo cual presentó la demanda el 21 de marzo de 2011”.
El pasado 20 de julio, el juez Juan Paredes dictó una sentencia en la que condenó a tres miembros de su junta directiva y a periodista Emilio Palacio a tres años de prisión por el delito de injurias calumniosas contra una autoridad y a pagar un total de 40 millones de dólares de indemnización en beneficio del Presidente Rafael Correa.
Estos 40 millones están desglosados en 30 millones de dólares de forma solidaria a cargo de los individuos condenados y 10 millones de dólares a cargo de la empresa propietaria del medio de comunicación. Asimismo, los condenados deberán pagar dos millones de dólares en honorarios profesionales a los abogados del Presidente.