La Cámara Alta aprobó el proyecto de Diputados que modifica a la Ley de Pena Privativa de la Libertad, garantizando el acceso a la educación para los presos. La iniciativa plantea que “todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública”.
"Los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades de conformidad con las leyes 26.206 de Educación Nacional, 26.058 de Educación Técnico Profesional, 26.150 de Educación Sexual Integral, 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 24.521 de Educación Superior y toda otra norma aplicable."
Esas son algunas de las principales disposiciones del proyecto llegado de la Cámara Baja que, este miércoles, aprobaron en el Senado. Fue elaborado por la diputada Adriana Puiggrós y acompañado de la firma de Gerónimo Vargas Aignasse, Ricardo Alfonsín, Fernanda Gil Lozano, Horacio Alcuaz, Miguel Bonasso, Oscar Aguad, María Inés Pilatti Vergara, Stella Maris Leverberg, Raúl Barrandeguy y Viviana Damilano Grivarello.
De esta forma, se modifica la Ley 24.660 de Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la libertad en su capítulo VII, en las consideraciones acerca de la educación en establecimientos penitenciarios.
Los legisladores dejaron en claro su posición y la importancia de la iniciativa a través de números concretos: en Argentina, sobre 50.980 presos, solo 2.594 terminaron la secundaria, de acorde a un informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, realizado en 2007. En el mismo orden, la autora del proyecto precisó que 36.081 personas privadas de su libertad no participan de ningún plan de capacitación laboral.
“Si bien la ley 24.660 reconoce el derecho a la educación lo hace de manera parcial. Hay un sujeto profundamente interesado en el acceso pleno al derecho de educarse, y esos sujetos son los mismos internos”, entendió la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Adriana Puiggrós.
“Hay que tener presente que todas las personas privadas de la libertad tienen el mismo derecho de acceder a la educación como lo establece la ley 26.206, y en este sentido quien está en está en falta es el Estado”, precisó la diputada.
Para implementar la iniciativa nacida en Diputados, se realizarán acciones en conjunto del Ministerio de Justicia y el de Educación.
La cartera a cargo de Alberto Sileoni deberá encargarse de todas las "estrategias y mecanismos necesarios para la adecuada satisfacción de las obligaciones de este capítulo con las autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Institutos de educación superior de gestión estatal y con Universidades Nacionales”.
En tanto, el organismo dirigido por Julio Alak deberá encargarse de concretar las medidas dispuestas por las autoridades educativas y, además, asegurarse de que se cumplan efectivamente.
Otros puntos importantes de la iniciativa son "“proveer de ámbitos apropiados para la educación, tanto para los internos como para el personal docente y penitenciario, adoptar las previsiones presupuestarias y reglamentarias pertinentes, remover todo obstáculo que limite los derechos de las personas con discapacidad, asegurar la permanencia de los internos en aquellos establecimientos donde cursan con regularidad".
"Mantener un adecuado registro de los créditos y logros educativos, requerir y conservar cualquier antecedente útil a la mejor formación del interno, garantizar la capacitación permanente del personal penitenciario en las áreas pertinentes, fomentar la suscripción de convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas, garantizar el acceso a la información y a los ámbitos educativos de las familias y de las organizaciones e instituciones vinculadas al tema, fomentar las visitas y todas las actividades que incrementen el contacto con el mundo exterior."
En tanto, los establecimientos penitenciarios deberán tener una "biblioteca para los internos, debiendo estimularse su utilización según lo estipula la Ley Nacional de Educación”.