La Comisión Interpoderes exhortó a los jueces que tienen a su cargo causas por delitos de lesa humanidad a “impulsar con la mayor celeridad posible el trámite de dichos juicios”.
En su última reunión la Comisión Interpoderes exhortó a los magistrados que tienen a su cargo causas por delitos de lesa humanidad “a impulsar con la mayor celeridad posible el trámite de dichos juicios”.
Compuesta por representantes de todos los poderes del Estado, la comisión exhortó a los magistrados ya que detectó “demoras” en el trámite que “algunos jueces le han dado a tales juicios y que, en muchos casos, se han vuelto un impedimento para que los juicios finalicen en un tiempo razonable”.
Con estas demoras, para la Comisión, se desvirtúa lo que “los tres Poderes del Estado Nacional han considerado como Política de Estado, y que ha sido mencionado en reiteradas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agrega el documento elaborado.
Es por ello que hacen hincapié en lo “imprescindible” que los magistrados a cargo de los juicios de lesa humanidad encuentren “soluciones que permitan agilizar las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate, procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles”.
Esto último a “efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes, de los testigos y el inútil dispendio jurisdiccional en los órganos que tienen a su cargo la administración de justicia”.
“La excesiva prolongación y retraso que se ha relevado en cuanto a las horas de debate en algunas causas, cuestión que debe meritarse para evitar la demora innecesaria en la conclusión de estos juicios”, remarca la exhortación de la Comisión.
“Esta Comisión exhorta a los jueces de los Tribunales Orales que comparten salas de audiencias para que coordinen entre sí del mejor modo posible la distribución de dichas salas a fin de optimizar su empleo y avanzar más rápidamente con las agendas de los debates programados”, concluyeron.
La Comisión Interpoderes se encuentra compuesta por Jorge Eduardo Auat y Pablo Parenti, fiscal y coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación; Alfredo Kraut, Secretario General y de Gestión de la Corte Suprema, Ángela Ledesma, presidente de la Cámara de Casación Penal, Javier Carbajo, secretario general de la Casación.
También están: Mario Fera, presidente del Consejo de la Magistratura; Pablo Vassel, Secretario de DDHH del Consejo de la Magistratura; Daniel Rafecas, juez federal; Julián Alvarez, Secretario de Justicia, Juan Martín Mena (Ministerio de Justicia), la senadora Blanca Osuna y el diputado Luis Cigogna.