Horas después de su valiente alocución con motivo del 65 aniversario de la creación de la DAIA, Rogelio Cichowolski afirmó que la institución que encabeza sólo aceptaba la decisión del Tribunal para evitar que la potencial sentencia se convierta en “ilusoria”. “Hace ya largo tiempo que estamos reclamando que el debate se inicie lo más rápidamente posible. Sabemos que la demora beneficia a los imputados no sólo por la aplicación de la ley 24.390 (llamada comúnmente como “dos por uno”) sino porque inclusive le servirá de argumentos para volver a requerir ser excarcelados mientras se sustancia el proceso”, dijo.
Por su parte, la letrada querellante Marta Nercellas, consideró además que demorar el juicio oral “producirá un desaliento inevitable en la sociedad toda que vive esta dilación como otra señal de impunidad”.
En su escrito, la DAIA presentó un recurso de reposición contra la resolución del pasado 25 de octubre en la que se notificó a todas las partes legitimadas que durante el desarrollo del juicio oral y público no podrán actuar, simultáneamente en cada jornada, más de dos letrados por cada sujeto procesal.
“La complejidad del juicio, la cantidad de audiencias que serán menester para substanciar este debate, hará imposible que sólo dos profesionales se hagan cargo de la representación”, dice en el escrito, donde ambos abogados también aclararon al Tribunal que las diversas querellas que actuaron en estos seis años desde que el atentado fue perpetrado “de ninguna manera entorpecieron o dilataron el proceso, pese a su diversa valoración relativa al trámite de la instrucción y al de la prueba colectada”.
Además rechazaron que la medida del Tribunal pudiera tener algún tipo de justificativo basado en la economía procesal. “Nacerán serias dificultades cuando quien resulte representante de varios de los sujetos procesales deba consultar a todos a la hora de tomar alguna decisión trascendente”, agregaron.
Como representante de la DAIA, Cichowolski debió escoger por “el mal menor”, al someterse a una resolución a la que catalogó de “injusta”. “Si la misión de los jueces es hacer justicia con mayúsculas, deben ser cuidadosos en el respeto de los derechos y garantías individuales, pero deben recordar que esos mismos derechos y garantías amparan a la víctimas”, dijeron en el escrito que presentaron al Tribunal.
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