Brevatas

Córdoba: el TSJ admitió el requerimiento contra una magistrada por un presunto cobro para gestionar subsididos de la ANSES

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba someterá a un sumario a la Jueza de Paz de Colonia San Bartolomé y La Francia, Madvel Claudia del Valle Romero, con el fin de determinar si corresponde, o no, removerla de su cargo. Esta fue la decisión del Alto Tribunal local al admitir la acusación formulada contra la magistrada por supuesto mal desempeño, efectuada por el Fiscal Adjunto del Ministerio Público, José Luis Gómez Demmel. La funcionaria fue acusada de intentar recibir dinero de parte de un grupo de personas, a cambio de intervenir en la gestión de la Asignación Universal por Hijo. La maniobra finalmente no habría llegado a término debido a que los funcionarios de la sucursal de la ANSES de San Francisco tomaron conocimiento de la situación. Los Jueces de Paz de la provincia de Córdoba sólo pueden ser removidos por el Tribunal Superior y una de las causales previstas por la Constitución local es, precisamente, el mal desempeño.

Audiencia para otra audiencia

Días atrás, previo a ser nombrado Defensor General Adjunto de la Ciudad para el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, el titular del juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo había resuelto cautelarmente la clausura de cuatro hogares de tránsito por sus deficientes condiciones de habitabilidad. Sin embargo, hasta tanto se resuelva la recusación planteada por el Gobierno de la Ciudad contra Gallardo, la causa tramita en el juzgado Nº 9 del mismo fuero, cuya titular es Andrea Danas. Este miércoles se celebró una audiencia en la que se resolvió suspender los plazos procesales, la medida cautelar y la apelación del Gobierno de la Ciudad hasta la realización de una nueva audiencia, fijada para el 11 de noviembre. A la misma asistieron el demandante, la Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, el Procurador General de la Ciudad, Ramiro Monner Sans, el presidente del IVC, Omar Abboud, y el Asesor Tutelar, Jorge Luis Bullorini.

Nuevas consideraciones en torno a los delitos sexuales y de lesa humanidad

Según un informe elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la última dictadura militar en nuestro país, los delitos sexuales cometidos durante ese período de tiempo deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad. Según el documento elaborado por el organismo, "la circunstancia dirimente para subsumir un acto determinado en la fórmula de los delitos de lesa humanidad es que haya formado parte del ataque que opera como contexto de acción en este tipo de crímenes”. Según el coordinador de la Unidad, Pablo Parenti, y el fiscal general Jorge Auat, "los abusos sexuales cometidos contra personas bajo el dominio de las fuerzas represivas del terrorismo de Estado cumplen ese requisito".

Caso Nahuel Iraizoz: Casación "agravó" las penas de policías acusados

La Cámara de Casación penal bonaerense resolvió condenar por un delito más grave a un ex policía federal acusado de matar a Nahuel Iraizoz en una maderera de la localidad de Longchamps hace 7 años, y ordenó al tribunal oral de Lomas de Zamora que intervino en el caso a que fije una nueva pena. Además, la sala III de Casación resolvió también aplicar un delito más grave a un cómplice del ex policía que participó en el hecho, y consideró que el crimen de Iraizoz no se concretó durante un robo a la maderera de su padre, tal como sostuvo el Tribunal Oral en lo Criminal 9 de Lomas de Zamora. Los camaristas ordenaron remitir el expediente al mismo tribunal oral para que ahora fije los nuevos montos de penas para los acusados, quienes aún permanecen detenidos, uno de ellos en el Penal de Ituzaingó y el otro en Florencio Varela.

Rozanski vs Piumato: el gremialista vuelve a amenazar

El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, anticipó hoy que pedirá garantías a la Corte Suprema por "la integridad física y psíquica" de los empleados subordinados al juez federal platense Carlos Rozanski. El también secretario de Derechos Humanos de la CGT, en declaraciones a radio Provincia, dijo que concurrirá a esas instancias en busca de protección a los empleados judiciales que denunciaron al juez Rozanski ante el Consejo de la Magistratura por supuesta violación de derechos laborales. "Nosotros no queremos hacerlo destituir (a Rozanski) sino que cese la conducta persecutoria y violatoria de los derechos humanos que afecta, no sólo a los trabajadores sino a sus familias", indicó.