El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, decidió instruir al fiscal de Estado Diego Carmona para que realice una presentación judicial contra las empresas Movistar y Speedy debido a la caída del servicio en esa provincia.
Las empresas de telefonía celular forman parte de uno de los servicios que más reclamos reciben desde las agrupaciones de Defensa del Consumidor. En el caso más reciente, los operadores de Claro, Movistar y Personal recibieron incontables llamados reclamando por el servicio de su Blackberry que durante tres días estuvo inactivo.
Ahora, los reclamos se trasladaron a Chubut, donde el todavía gobernador Mario Das Neves instruyó al fiscal de Estado, Diego Carmona, para que investigue los cortes producidos en el servicio de telefonía de Movistar y de Internet de Speedy.
El fiscal adelantó que presentará “una acción judicial por el incumplimiento del servicio ante el Juzgado Federal”. También precisó que el eje central del recurso será “estar reclamando el cumplimiento efectivo y constante del servicio más los daños ocasionados por la interrupción del mismo”.
De esta forma el Poder Ejecutivo se acopló a las acciones que había empezado a llevar a cabo la Dirección General de Defensa del Consumidor. En este orden, la titular del organismo, Silvia Bordenave, consignó que “la empresa siempre aduce los mismos motivos en la interrupción del servicio: un corte de fibra óptica”.
“Hay que ver si realmente se están efectuando las inversiones necesarias en materia de mantenimiento de la infraestructura o si en esto hay negligencia; todo lo que tenga que ver con un cumplimiento diligente de la empresa para dar una prestación adecuada al servicio”, aseguró Bordenave, quien además contó que desde la cartera que dirige están realizando pericias técnicas sobre el servicio de las empresas.
Teniendo en consideración la mala calidad del servicio y los constantes cortes, la directora aseguró que “una de las cuestiones que surge es que hay lugares donde la batería dura menos y eso tendría que ver con que faltan antenas adecuadas; otras cuestiones es cuando tarda el teléfono en comunicarse”.
También entendió que “son cuestiones que debían ser planteadas en la justicia para dejar al resguardo el derecho de los usuarios”.
Los objetivos de la Dirección de Defensa del Consumidor son altos: según se precisa en su presentación, pretenden que “si se determina la responsabilidad de la empresa en esto, se indemnice a los usuarios con el 50 por ciento de lo que la empresa les ha facturado en los últimos tres años”.
En tanto, Bordenave recordó que la última reunión de la que participó con Telefónica por estas cuestiones fue en agosto de 2009, “cuando prometieron una inversión; nos entregaron un parte de prensa donde informaban cuántas líneas telefónicas fijas más habían instalado. Lo cierto es que el servicio nunca mejoró, más allá de todas estas reuniones”.
“La situación no ha cambiado. En ese momento sólo nos proveyeron de una información sobre lo que supuestamente habían invertido y el plan de inversiones que continuaría. Frente a esto, lo miro desde mi rol, salimos a hacer esta demanda protectoria y a resguardo de los derechos de los usuarios y no volvimos a tener reuniones de ese tipo”, cerró Bordenave.