La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado Argentino la adopción de “medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física” de un detenido que se encontraría siendo hostigado y amenazado por custodios del Servicio Penitenciario Federal. La denuncia fue presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado Argentino la adopción de “medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física” de un detenido que se encuentra alojado en el Complejo Federal II de Marcoz Paz.
Además de las medidas urgentes, la CIDH solicitó al Estado “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos” que fueron presentados ante el organismo internacional a raíz de una denuncia realizada, la semana pasada, por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Según informaron desde la Procuración la denuncia que se presentó consigna que desde 2010 el detenido “estaba siendo hostigado y amenazado por algunos de sus custodios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a raíz de una denuncia judicial que había realizado años atrás por malos tratos”.
Entre los hechos graves mencionados por la PPN se encuentra que el personal del Servicio Penitenciario “habría coaccionado a otro preso para que matara” al detenido.
Asimismo se señaló que los atentados a la vida e integridad física del conocido como L.T. “recrudecieron” ya que el 24 de enero de 2011 se incendió su celda individual mientras se encontraba durmiendo. El detenido “sufrió quemaduras en el 60 % de su cuerpo y permaneció durante meses internado en distintos nosocomios en estado crítico”, explicaron
El organismo liderado por Francisco Mugnolo también explicó que durante su internación las amenazas de los agentes penitenciarios continuaron y agregó: “El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 13, a cuya disposición se encuentra el detenido, dispuso el pasado viernes 18 de Noviembre que L.T. sea reintegrado al Complejo Federal II de Marcos Paz, es decir la misma unidad carcelaria en donde fue amenazado y agredido”.
Además, la Procuración Penitenciaria puso en conocimiento formal de lo ocurrido al Relator Contra la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, quien se encuentra de visita en el país.
La resolución de la CIDH, firmada el 18 de noviembre, dispuso que dentro del plazo de 10 días se deberán presentar información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.