El Relator Contra la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, realizó un “llamamiento urgente” al gobierno argentino para que adopte medidas para “proteger los derechos y libertades” de un preso que presuntamente sufriría “amenazas, hostigamientos y agresiones”. Por el mismo casa la CIDH se pronunció con una medida cautelar en la que ordenó al Estado protegerlo.
Días atrás este medio difundió una medida cautelar firmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que ordenó al Estado Argentino la adopción de “medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física” de un preso que presuntamente se encontraría siendo hostigado y amenazado por custodios del Servicio Penitenciario Federal.
Ahora, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas, Juan Méndez, instó al gobierno, mediante un “llamamiento urgente” a que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos y libertades” del interno e “investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”.
Es por las presuntas “amenazas, hostigamientos y agresiones” hacia un preso que actualmente se encuentra alojado en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Roca” y que permanece bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Todo ello denunciado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) tanto ante las Naciones Unidas como ante la CIDH.
Tal y como lo consigna en el texto el Relator, las informaciones hablan de que entre noviembre y diciembre del 2010, el preso conocido como L.T., se comunicó con la PPN para denuncias el hostigamiento y las amenazas por parte de los custodios “a raíz de la denuncia judicial realizada con anterioridad por malos tratos cuando estaba alojado en un centro de menores”.
En enero del 2011 la situación se habría agravado cuando se incendió la celda individual donde se alojaba sufriendo quemaduras del 60 por ciento de su cuerpo, y en agosto de este año se lo trasladó al instituto en donde hoy se encuentra alojado.
Asimismo el texto aclara que si bien las amenazas “no habrían cesado” el magistrado que investiga el incendio “habría imputado por el incendio y los consecuentes daños materiales causados” al propio interno. Y que al ser dado de alta volvería al Complejo Federal N° 2 “ignorando una solicitud previa del defensor oficial de otorgar el arresto domiciliario por razones de seguridad”.
Por todo ello, además de pedir las medidas urgentes de protección llamó la atención al gobierno sobre la obligación de proceder a una investigación “pronta e imparcial” y lo insta a que “tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos se repitan”. Solicitando, además, al Gobierno informe acerca de las acciones adoptadas para proteger los derechos de L.T. y que aporte información sobre el caso.