Por primera vez en su historia, Santa Fe llegó a un acuerdo amistoso con la Corte Internacional de Derechos Humanos. El conflicto se había suscitado a raíz del caso de un hombre cuyos derechos fueron vulnerados por ser juzgado bajo el antiguo Código Procesal Penal de esa provincia.
En agosto de este año, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía de Estado de Santa Fe suscribieron a un convenio junto al gobierno provincial en el que se comprometieron a realizar un cambio al Código Procesal Penal. Esto fue a raíz de la denuncia de un hombre cuyos derechos fueron vulnerados por la antigua norma y que, por ello, acudió a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Luego de que se concretara esa iniciativa, finalmente, y luego de pocos meses de tratativas, este lunes el Estado provincial y la CIDH llegaron a un acuerdo amistoso. Fue firmado por el gobernador Hermes Binner, el ministro de Justicia Héctor Superti y la relatora de la CIDH para Argentina, Luz Patricia Mejía.
De esta forma y gracias a la solución a la que se arribó entre las partes, la provincia evitó que se aplicaran sanciones para la Argentina, ya que si bien el hecho fue suscitado en territorio santafesino, los apercibimientos internacionales se aplican para todo el conjunto del país.
"El 24 de octubre de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició la tramitación de una denuncia presentada por el Sr. Rubén Luis Godoy y la Defensoría General de Cámaras de Apelación de Rosario, en contra de la República de Argentina."
"La petición se relaciona con la condena a la pena de prisión perpetua con la accesoria de prisión por tiempo indefinido y al pago de una indemnización de noventa mil pesos dictada contra Rubén Luis Godoy a partir de su confesión sobre la autoría de un homicidio e intento de violación, supuestamente obtenida mediante tortura aplicada por agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe."
Así describe la historia de Godoy la web de la CIDH. Y fue precisamente esta situación la que motivó “la reforma en el sistema de enjuiciamientos penales que está llevando adelante la provincia, ya que una vez plasmada este tipo de casos no volverán a repetirse”, como consignaron fuentes ministeriales.
Entre los puntos a los que la Justicia y el Estado santafesinos se comprometieron a cumplir, se encuentran la revisión del caso penal en la justicia local, el desarchivo de la causa por los apremios ilegales denunciados por Godoy, la vigencia de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal que respete los tratados internacionales de derechos humanos, como el que se está implementando en la provincia de Santa Fe, y la reparación de los daños.
Desde el Ministerio de Justicia también afirmaron que “el nuevo Código se ajusta a los derechos constitucionales y tratados internacionales “un enunciado que quizás suene abstracto pero que en casos como el que nos ocupa demuestra la importancia institucional de estos cambios, además de la mayor cercanía, agilidad y eficiencia que tiene el sistema acusatorio en relación al inquisitivo”.