Hay en esta nota algunos datos ambiguos. Parecieron tener razón los sectores oficialistas que bautizaron al 2010 como “El año de los juicios”, si recordamos que hubo ese año 19 juicios con cerca de 150 condenas. Tan verdad resultó aquello que este año la tendencia decayó a 17 juicios en todo el año con sólo 73 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 7 absoluciones, por un total de 380 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Es grave el retroceso de la tendencia para este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios en 2006, 2 en 2007, 5 en 2008 y 13 en 2009. La distribución geográfica de los procesos continuó destacando a Capital Federal donde hubo 4 juicios con sentencia. Hubo 2 en Tucumán y 2 en Salta, y en las restantes jurisdicciones (La Plata, San Martín, Paraná, San Juan, Santa Fé, Mendoza, Chaco, General Roca y Mar del Plata) un solo proceso. Más pesimista es el balance sobre 2011 al corroborar que, salvo en la Causa ESMA, en la mayoría de los procesos de este año se juzgó a menos de 10 represores por causa, siendo que se tuvieron en cuenta hechos y centros represivos tan importantes como los CCD “Orletti”, “Vesubio”, la “causa Urondo”, la masacre de “Margarita Belén” y la segunda versión de la causa “Las Palomitas”. Además hubo sólo 3 procesos por supresión de identidad y apropiación de hijos de desaparecidos, en los casos Cabandié en Capital Federal, Martínez Aranda-Goya en San Juan y por los mellizos Negro-Valenzuela en Paraná. Esto también marca un replanteo sobre la política de restitución de los niños apropiados, cuando esta no está acompañada del castigo penal a los apropiadores. Para La Plata el año no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 represores imputados por unas 300 víctimas, en 2011 sólo se pudo condenar al guardia cárcel de la Unidad Penitenciaria N° 9, Pedro César Guerrero, juzgado en una causa residual de la de “Unidad 9” de la que quedó afuera gracias a haberse profugado en la etapa de instrucción, y donde fue condenado a sólo 9 años de prisión por 7 de los 15 casos de torturas a presos políticos de los que se lo acusaba. Suman 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Por último, hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en próximos juicios.