La presentación de los abogados Marcelo Parrilli, Alfredo Montes y Antonio Liurgo ante el Máximo Tribunal se funda, según lo explicado por este último a Diariojudicial.com en que “al afectar los delitos cometidos por una provincia a los fondos coparticipables del sistema Federal Nacional procedería la intervención originaria de la Corte”. Así, según los denunciantes, “se encontrarían comprometidos los fondos de todas las provincias, que se verían ilícitamente privadas de fondos que legítimamente les pertenecen”. Según Liurgo, los presuntos ilícitos cometidos por los funcionarios de San Luis no sólo estarían afectando a la Nación sino que también a todas las provincias.
En la solicitud ante la Corte pidieron que se tome declaración indagatoria a Rodríguez Saa y a dos de los funcionarios que en principio estarían comprometidos en la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y defraudación, Gustavo Cerioni, escribano de Gobierno, y Rafael Echenique, apoderado general de la provincia. Liurgo dijo que no es la primera causa por competencia originaria ante la Corte, y puso como ejemplo la investigación por el atentado a la embajada de Israel.
Según la denuncia televisiva, ellos junto al subsecretario de Eventos Industriales, Silvio Closas, se habrían aprovechado indebidamente del Régimen de Promoción Industrial de la provincia.
Pero la de los abogados en Buenos Aires no es la única incumbencia de la Justicia en el escándalo que ha cobrado amplias dimensiones en San Luis. La fiscal de Estado Lilia Novillo instó a la Justicia penal provincial a que solicite la remisión de los videos que contienen el material periodístico y varias medidas administrativas.
En el escrito presentado por la fiscal, solicita al Ministerio de Industria que informe la fecha en la que se dejó de aplicar el régimen de promoción, y qué industrias se establecieron con posterioridad a esa fecha. Además, la funcionaria pidió que se solicite a la cartera que informe si existe en su órbita un registro de gestores, y que lo envíe si la respuesta es afirmativa. Y saliendo de la órbita provincial, Novillo también pidió que se libre un oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que explique cómo opera el diferimiento impositivo para las empresas instaladas bajo el régimen de promoción.