Alto, Policía Judicial

En 2012 se van a cumplir 18 años de la sanción de la nueva Constitución provincial de Buenos Aires. Fue en 1994 cuando legisladores y miembros de la comisión redactora se pusieron de acuerdo acerca de algunos cambios en la carta magna bonaerense donde, además, contemplaron la creación de un órgano de investigación independiente de cualquiera fuerza uniformada. Es en el artículo 166, en el que se dispone la creación de la Policía Judicial.

Luego de muchas idas y vueltas, finalmente, el Poder Ejecutivo de la provincia comenzó a elaborar un proyecto a fines del año pasado que esta semana fue remitido a los legisladores bonaerenses, respondiendo de esta forma a un reclamo que muchas organizaciones llevan adelante desde hace años, tratando de librarse de la “maldita policía” que en numerosos casos entorpeció los procedimientos o bien, tenía denuncias en su contra.

Por eso, Diario Judicial realizó un relevamiento entre legisladores y letrados de la provincia Buenos Aires para saber qué opinaban al respecto de la iniciativa que está llevando adelante el gobierno de Daniel Scioli con la colaboración de diversas agrupaciones y profesionales pero, sobre todo, en base a un proyecto de quienes pusieron más empeño y más reclamos hicieron para que la acción sea llevada a cabo: la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La esencia de la medida es que las investigaciones dentro de los procesos judiciales sean llevadas a cabo por un cuerpo independiente de las fuerzas policiales. De esta forma, el Poder Judicial cuenta con elementos propios para llevar a cabo las medidas que los administradores de Justicia crean necesarias sin tener que lidiar con los reiterados problemas que conllevó durante muchos años la labor con los “uniformados”.

En octubre del año pasado la CPM presentó un proyecto al Poder Ejecutivo bonaerense para que sirviera de guía a la hora de elaborar un documento final. En una reunión donde estuvieron los representantes de la organización, encabezados por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien aseveró que "la policía funciona como una corporación, generando impunidad".

Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la CPM, agregó que “nuestro proyecto se construyó pensando en que es una reforma democrática pendiente, imprescindible para mejorar la capacidad de investigación judicial, romper los circuitos de impunidad, evitando que la investigación penal quede en manos de la Policía bonaerense la cual ha demostrado una profunda ineficacia en la investigación”.

"Sus efectos en el tiempo se verán porque romperá conductas y prácticas lesivas para la demanda de justicia que tiene nuestro pueblo. Principalmente, atacará la utilización del armado de causas o la amenaza de armarlas por parte de personal policial involucrando a niños y niñas de los lugares carenciados, al extorsionarlos para que roben o delincan para ellos”, consignó Mosquera.

Pero una de las principales consideraciones que tiene la Constitución provincial es que los legisladores establecerán “tribunales de justicia determinando los límites de su competencia territorial, los fueros, las materias y, en su caso, la cuantía. Organizará la Policía Judicial”.

Por eso Diario Judicial se comunicó con el diputado bonaerense Iván Budassi (FpV), quien aseguró que “la idea del ejecutivo es tratar de respetar un poco las propuestas que están dando vueltas en relación al tema. Básicamente lo que se quiere hacer es que la investigación de los delitos complejos esté a cargo de una policía que dependa de la procuración, es decir, separada de la administración provincial, dependiendo de un organismo autónomo,  que cuente con un perfil muy técnico, descentralizado en cada uno de los departamentos judiciales y que dependan de los fiscales generales de cada uno de esos departamentos”.

“La idea en sí es por demás auspiciosa y cumple con la Constitución de 1994 de la provincia y en general en estos principios hay unanimidad de opiniones acerca de que hay un avance muy importante. Hasta marzo se estará llevando a cabo un proceso de consulta acerca de la iniciativa, para que recién en las sesiones ordinarias del año que viene se realice el debate parlamentario. Por supuesto, luego de que el proyecto sea presentado.”

Finalmente, el diputado consignó que “los lineamientos básicos serían estos, falta la letra fina del proyecto, pero queremos que salga de un consenso. Que sea algo general y elaborado por todos”.

Por supuesto, los legisladores no son los únicos involucrados. También hay intereses al respecto representados por otros sectores de la Justicia, como los letrados. Por eso Pedro Augé, secretario del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires aseguró a Diario Judicial que “en principio la Policía Judicial está prevista desde la reforma constitucional, así que el Colegio siempre reclamó que se pusiera en marcha”.

“Ha habido muchos proyectos que terminaron naufragando, pero el Colegio siempre tuvo la posición de que se ponga en marcha este nuevo órgano y que se separe a la policía de la gestión. Y que obviamente dependa de la procuración. Es fundamental sacar del ámbito del Ejecutivo a la policía provincial, pero lo que han planteado el ministro de Justicia, Ricardo Casal, el gobernador Daniel Scioli, lo celebramos realmente.”

El abogado aseveró que “nuestra revista ya saco una editorial a mediados del año pasado a favor de que se ponga en marcha la policía judicial, y en el último número se consultá a la procuradora general (por María del Carmen Falbo) antes de que se anunciara la iniciativa. Los colegios en general estamos de acuerdo”.

Del lado de la magistratura, el juez Luis Federico Arias participó activamente en la elaboración del proyecto de la CPM. Arias precisó a Diario Judicial que “se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo en procesar toda la información y consignar un proyecto que ahora parece que el Ejecutivo recibió abiertamente”.

“Mi opinión no puede ser otra que favorable al  proceso. Creo que la actividad de investigación no es una tarea de la policía de la provincia, sino que es una función jurisdiccional. Esto responde a una larga lucha, la incorporación de este derecho a la constitución bonaerense. Aquí se trata de incorporar un mandato constitucional que representa un reclamo de muchos sectores”, consignó el magistrado.

“Muchas personas han pedido quitar esta función de la policía administrativa por la enorme cantidad de irregularidades que se han presentado siempre y que se han puesto en evidencia en diversos casos. Podemos mencionar algunos recientes como el de los Pomar, Candela Rodríguez, donde se ha visto la ineficacia de las fuerzas en la tarea administrativa y una delegación que muchas veces se da de parte de los fiscales, que declinan su actividad muchas veces para que los uniformados puedan llevar adelante la investigación.”

Con relación al último punto que comentó, el juez agregó que “el paso del sistema acusatorio al inquisitivo permitió que las fiscalías puedan investigar pero estas muchas veces se ven sobrepasadas; y otras tantas no tienen los recursos y entonces la policía vuelve a retomar esta tarea que no debe ejercer de ningún modo”.

“Se han hecho relevamientos para la elaboración del proyecto en el Poder Judicial de Mar Del Plata y se han podido observar un sinnúmero de causas armadas, no solo en investigaciones sino actos de corrupción concretos y esto es lo que pretende evitar la policía judicial, dotándola de una cultura organizacional, un nuevo espacio bien administrado y jerarquizado para que estas funciones sean llevadas a cabo con rigor científico.”

El documento que llegó a los legisladores

Esta semana, los diputados y senadores bonaerenses recibieron un documento de parte de la CPM con las principales consideraciones del proyecto para implementar el nuevo órgano de la Administración de Justicia. Diario Judicial pudo acceder al documento en el que el gobierno provincial basó gran parte de su proyecto que a su vez explica qué acciones y cómo las llevará a cabo para comenzar a poner en marcha esta propuesta.

“No obstante la previsión constitucional que exige su creación y lo establecido por la ley 12061 del Ministerio Público Fiscal, la Policía Judicial no ha sido implementada. El paso del sistema inquisitivo al acusatorio, contemplaba como uno de sus pilares colocar en cabeza del Ministerio Público Fiscal la investigación, separando esta actividad de la de control de garantías y juzgamiento en la etapa de juicio oral”, precisa el proyecto en primer lugar.

De esta forma, la CPM busca avanzar sobre los puntos que, según consideraron, deberían ser mejorados en torno al borrador inicial del Ejecutivo. La organización se puso en contacto con diferentes legisladores de los bloques mayoritarios para entablar conversaciones al respecto.

“La ausencia de la policía judicial ha determinado una delegación absoluta de la actividad investigativa en las policías dependientes del Poder Ejecutivo. Este ha sido un factor determinante para limitar al Ministerio Público Fiscal en su función de dirigir la investigación de los delitos”, precisa el documento.

Hay algunas diferencias sustanciales entre ambas iniciativas: El proyecto de la CPM establece que “el deber de reserva no impedirá el acceso de la defensa a la asistencia técnica de la Policía Judicial, ni a la información del expediente en los términos establecidos por el Código Procesal Penal de Buenos Aires. El proyecto del Ejecutivo establece como falta grave el ocultamiento de elementos de convicción favorables a la defensa”.

En relación a las funciones del director del nuevo organismo, el proyecto del Ejecutivo “elimina el inciso que prevé la participación del Director en la Junta Evaluadora como consecuencia de la omisión del sistema de integración de recursos que prevé el proyecto de la CPM”.