Una ONG presentó este viernes un amparo ante la Justicia Contencioso, Administrativa y Tributaria porteña contra la decisión del Gobierno de la Ciudad de cerrar más de 220 cursos en los niveles primario y secundario.
Una ONG presentó este viernes ante la Justicia porteña un amparo contra la decisión del Gobierno de la Ciudad de cerrar 221 grados y cursos de los establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires.
En concreto la organización no gubernamental Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional presentó un amparo que recayó en el juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 8, a cargo de Osvaldo Otheguy, en el que solicita se decrete la nulidad de la Disposición 15/2012 por la que se pretenden cerrar 221 cursos en los niveles primario y secundario de la Capital Federal.
Según la presentación realizada, la decisión del Gobierno porteño provocaría "hacinamiento como consecuencia de la derivación de los alumnos de los cursos cerrados hacia los que permanecen abiertos" y, aclara que la medida tomada, además, no contó con "la participación previa de la comunidad educativa".
Para la ong en la disposición del gobierno “existen vicios en la motivación y en el objeto de dicha normativa que la tornan ilícita e inconstitucional” al tiempo que al cerrar los cursos se genera un achicamiento de la oferta educativa.
Achicamiento que “conspira contra el derecho consagrado en la norma Constitucional, resultando evidente que la potestad de elección de la orientación educativa resulta vulnerada con la norma que aquí se impugna, en tanto importa una reducción de cursos en los niveles primario, secundario y terciario”.
“El hecho de no haber instado a un procedimiento de consulta, con carácter previo al dictado del acto impugnado, existiendo a tal fin un procedimiento administrativo legalmente consagrado, vulnera claramente el sentido que el Constituyente local pretendió darle al art. 23, segundo párrafo, de la Constitución porteña”, consigna el amparo.
Asimismo se menciona que en la disposición “se advierte que el cierre de cursos tiene como finalidad desocupar espacios que serán destinados a la educación de nivel inicial y que aprovecharán unos 1.500 niños”. Lo que sería “reasignación ilícita de recursos previstos en el presupuesto con un determinado fin educativo y que, según la disposición impugnada, van a ser utilizados en la educación inicial”.
La Constitución de la Ciudad establece que “las partidas del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a fines distintos a los que fueron asignadas”. La presentación ya se encuentra en la Justicia porteña.