¿Y por casa cómo andamos de salud sexual y reproductiva?

Diversas organizaciones no gubernamentales presentaron un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que analizan el acceso a métodos anticonceptivos, la anticoncepción quirúrgica, la educación sexual y el aborto en nuestro país de manera muy crítica.

El informe de casi 20 páginas explicita las fallas que aun existen en la distribución de métodos anticonceptivos, la que, recomiendan, debe ser “eficaz y equitativa en todo el territorio nacional”.

Lo que obliga clarificar qué medidas efectivas se impulsan, con qué presupuesto y sobre la base de qué normativa, para garantizar los objetivos del Plan Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) a nivel provincial, teniendo en cuenta la distribución de competencias federales y locales.

También se aborda las nefastas consecuencias que tiene la nula regulación de la objeción de conciencia, ya que “es preocupante, en los últimos años, el ejercicio, por parte de profesionales de salud, de “formas encubiertas” de objeción de conciencia”.

La única excepción se encuentra en la provincia de Santa Fe, en donde se implementó un registro público de objetores de conciencia. Por ello, para las organizaciones es necesario que se avance en una norma que respete los estándares internacionales de derechos humanos aplicables en la materia.

“El altísimo número de abortos clandestinos evidencia el poco efecto disuasivo de la ley sobre las mujeres, además del fracaso de las políticas de educación sexual y la dificultad en el acceso a los métodos de anticoncepción”, consignan las organizaciones y solicitan que se avance en garantizar la atención de calidad de las complicaciones de abortos, y la legalización del aborto.

Entre otras medidas, solicitan al ministerio de Salud que se eleve a resolución Ministerial la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos no Punibles para otorgarle un status legal a la guía y de ese modo, los ministerios de salud de las provincias estén obligados a adoptarla. También se solicita que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) apruebe el misoprostol para las indicaciones obstétricas, el que ya fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción del embarazo.

Es que la Nación “está obligada a cumplir con los tratados internacionales y no puede ampararse en su organización federal para justificar el incumplimiento de las provincias y municipios” pero “la distribución de competencias establece que la atención de la salud es atribución principal de las provincias”.

Por ello “el Ministerio de Salud de la Nación es responsable de la rectoría de la política sanitaria nacional y de convocar y conducir los acuerdos de políticas básicas comunes de las provincias en el Consejo Federal de Salud”.

El informe presentado por las ongs será analizado en octubre en el segundo Examen Periódico Universal, donde se evaluará a nuestro país. Este examen es un nuevo procedimiento de la ONU donde se evalúan los niveles de cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. El mismo deberá ser confrontado con el que debe presentar el Estado argentino hasta el 23 de julio próximo.

Las organizaciones que firmaron el documento son la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD); el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM); el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA); el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO); el Foro por los Derechos Reproductivos (Foro DDRR); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR).