Es porque el cuerpo analizará con rigor las suscripciones a editoriales jurídicas privadas y considerará otras posibilidades de acceso a este tipo de información, pero pública. Se trata de un contrato que le cuesta al organismo casi $8 millones al año.
El Consejo de la Magistratura no aprobó la renovación de contratos con las suscripciones, para el año 2012, de editoriales jurídicas para los tribunales y ciertos organismos, ya que analizará la posibilidad de sustituir tales informaciones con “servicios públicos de jurisprudencia”. Se trata de un contrato que le cuesta al organismo casi 8 millones de pesos al año
La semana pasada, durante la reunión de la Comisión de Administración, el consejero diputado Carlos Moreno sostuvo la necesidad de “revisar” las suscripciones a las editoriales privadas puesto que “es un servicio que pagan todos los argentinos y que sirve a 800 o 900 personas, los jueces”.
“Porqué tenemos que pagar eso” se preguntó, y bregó por que “sea pública ese tipo de informaciones”. “Yo no entiendo porqué con fondos públicos tiene que ser contratadas publicaciones privadas”, redundó.
Esta visión fue apoyada por varios consejeros. Alejandro Fargosi, representante de los abogados de la Capital Federal, adhirió a la posición de Moreno, “estamos en el 2012” dijo expresando que “en la época de la informática” no se puede contribuir a la base papel.
Tras lo que, los representantes de los jueces deslizaron su posición. Mario Fera, titular de la comisión de Administración y Financiera, aclaró que las suscripciones comprenden los servicios informáticos de las editoriales y propuso que el tena se pase al plenario para ser debatido por la totalidad de los consejeros.
En tanto que Ricardo Recondo, también representante de los magistrados, ya se posicionó al sostener que “es imprescindible tener ese acceso” ya que “no se puede prescindir la información”. Se trata de “discutir la accesibilidad a la información” expresó el consejero senador, Marcelo Fuentes.
“Que sea de acceso a toda la población” volvió a replicar Carlos Moreno y solicitó “suspenderlas definitivamente”. Asimismo pidió que se hable con servicios públicos de jurisprudencia para intentar sustituir las suscripciones privadas.
El expediente en juego es el 13-18260/11 que incluye suscripciones a las editoriales jurídicas privadas Errepar, La Ley, Abeledo Perrot, El derecho y algunos servicios de Rubinzal. Todo ello incluido por la módica suma anual de 7 millones novecientos treinta y cinco mil pesos.