Un informe de la Defensoría sostiene que tanto la Policía Metropolitana como la Policía Federal utilizan de manera “excesiva” e “ilegítima” la fuerza policial. Asimismo destacan que los hechos de violencia policial “no suelen ser objeto de investigaciones exhaustivas” por el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
Un informe sobre violencia policial realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sostiene la necesidad de “mantener el alerta sobre el uso de la fuerza del personal policial” ya que tanto la Policía Metropolitana como la Policía Federal utilizan de manera “excesiva” e “ilegítima” la fuerza policial.
Según la Defensoría el alerta debe mantenerse “tanto cuando se encuentran en horario de trabajo como cuando utilizan su arma reglamentaria fuera del horario de servicio” ya que “la policía tiende al uso de la fuerza excesivo e ilegal y no está adecuadamente controlada, instruida ni disciplinada”.
En concreto, la investigación de la Defensoría analiza casos de violencia policial ocurridos durante el 2011 y abarca los casos de violencia policial con uso de la fuerza letal; los desalojos en el espacio público, la actuación policial ante la protesta social y el seguimiento de causas sobre actuación de la justicia.
“Los hechos de violencia policial no suelen ser objeto de investigaciones exhaustivas por parte de los miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal”, consignan desde la Defensoría.
El organismo lleva adelante el seguimiento de causas, se ha presentado en 18 causas penales y realiza el seguimiento de más de 40 causas penales en las que se investiga la posible comisión de delitos por efectivos pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
Destacaron lo “imprescindible” que es “la confección de convenios de coordinación en materia de seguridad pública y policía y sus correspondientes protocolos de actuación que permitan y faciliten un trabajo de complementariedad y racionalidad a la hora de la asignación de recursos entre la PFA y la Policía Metropolitana”.
Sin embargo concluyeron que “pese a los avances y logros a los que se hiciera referencia en la presente, continúan registrándose en la Ciudad hechos de violencia policial, perpetrados en la mayoría de los casos contra personas en situación de alta o extrema vulnerabilidad social, los cuales entrañan responsabilidad institucional”.