Los consejeros citaron al magistrado, por entender que no coincide la investigación del valor real de su casa de Gaspar Campos al 471 de Vicente López provincia de Buenos Aires, y el ingreso de su grupo familiar, con lo manifestado en la declaración jurada que presentó ante la Corte Suprema de Justicia y que luego éste Tribunal remitiera al Consejo de la Magistratura para adjuntarlo a la causa por supuesto “enriquecimiento ilícito”, que lleva adelante el juez federal Gabriel Cavallo.
Los consejeros indicaron que “se presentaron dos situaciones extremas de difícil justificación que alarmaron a la Comisión”.
Entre ellas Fernández y Garrote nombraron en su dictamen, las relativas al valor real y al precio efectivamente pagado por la propiedad de Gaspar Campos y el endeudamiento por parte del magistrado que puede influir en su estado a la hora de una decisión jurisdiccional”.
También los consejeros mencionaron que “ya existen elementos, como los dictámenes periciales de los peritos de su parte que hacen presumir que Liporaci habría recibido una atención especial por parte de los vendedores o que el precio no es el que realmente se pagó”. Asimismo se menciona que “de las manifestaciones otorgadas por el magistrado en las distintas declaraciones surgen inexactitudes, omisiones y contradicciones en relación a las constancias del expediente”.
Según Fernández y Garrote, las inexactitudes del juez Liporaci radican en lo declaraciones patrimoniales; entre ellas ante el juez de instrucción Muratorio donde según el dictamen el magistrado denunció en 1998 un ahorro de 35.000 pesos cuando en el año 1996 había declarado un ahorro de 37.818,18. Ante esta situación ambos integrantes de la Comisión de Acusación manifestaron que del análisis de lo declarado ante el juez Muratorio y la primer declaración ante la Corte Suprema de este año, es decir desde julio de 1998 a diciembre de 1999, “incrementó sus ahorros en 4.212 pesos”. Así como también “desde el 1 de enero al 7 de julio del corriente incrementó sus ahorros en 118.606,18 pesos. Los consejeros aclararon que esta última cifra surge de sumar los 120.000 pesos ahorrados “desde 1996”, a los 37.818,18 que Liporaci declaró como ahorros existentes ya en 1996, lo que hace un total de 157.818,18, pero que a este monto se le deben restar 39.212 denunciados en la primer declaración jurada del corriente año”.
A raíz de esta información recopilada por la Comisión de Acusación, los consejeros señalaron que “semejante aumento patrimonial no tiene explicación, dado que no se pueden ahorrar 118.606,18 en seis meses si el ingreso mensual del grupo familiar siempre, según sus manifestaciones, fue alrededor de 11.000 pesos por mes”.
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Propondrían citar ante el Consejo de la Magistratura a Liporaci
13/11/2000