La Cámara Federal de Tucumán “retó” a un fiscal que criticó demoras en el avance de los juicios de lesa humanidad en aquella provincia. Calificó de “inadecuadas, irrespetuosas e innecesarias” las palabras del Fiscal General Antonio Gómez. Había dicho que esos procesos “vienen sufriendo demoras inaceptables".
La Cámara Federal de Tucumán emitió una acordada en la que ensayó una dura reprimenda al Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gómez, por los dichos que este tuviera acerca de presuntas demoras en las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Es que Gomez, en una resolución fechada el 3 de julio pasado sostuvo que las causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno de facto “vienen sufriendo demoras inaceptables” y agregó que por la naturaleza de esas causas deberían ser incluidas como asuntos de feria en los juzgados de la jurisdicción.
Ante ello, la Cámara firmo la acordada 89/12, en la que sostienen que Las palabras del fiscal “no se ajustan a la verdad y que, por ello, no se toleran de ningún modo sus dichos respecto de que tales causas vienen sufriendo demoras inaceptables”.
Asimismo sostuvo que “tal manifestación constituye un agravio a los miembros y funcionarios de este Tribunal y a los jueces y funcionarios de la jurisdicción, en atención al notable esfuerzo que en ella se lleva a cabo para tramitar sin demoras ni interrupciones este tipo de causas, atento a la naturaleza de los derechos que se hallan en juego en las mismas”.
Así, con las firmas de Ricardo San Júan, Ernesto Wayar, Raúl Mendez, Marina Cossio de Mercau y Graciela Fernández Vecino, también calificaron de “inadecuadas, irrespetuosas e innecesarias” las palabras de Gómez.
Con respecto a la apertura de feria, los camaristas explicaron que “la declaración de una causa como asunto de feria debe ser hecha en cada instancia y ante el juez o tribunal que corresponda”.
La acordada fue notificada tanto a Gomez como a los jueces federales de la Jurisdicción, a los magistrados de los Tribunales Orales, al Procurador General de la Nación, Luis Gonzales Warcalde, y al Fiscal General de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Jorge Auat.