Desde la Fiscalía General de La Rioja, la Secretaría de la Mujer y el sector académico se reunieron para establecer un marco general de cooperación en un protocolo de actuación para casos de violencia de género.
El fiscal general de la provincia de La Rioja, Hugo Montivero junto con la secretaria de la mujer, Grabiela Lattuca y representantes de la facultad de medicina Barceló, se reunieron para establecer un marco general de cooperación tendiente a definir un protocolo de actuación para casos de violencia de género en la provincia.
El objetivo, según explicaron desde la fiscalía general es que se “unifiquen esfuerzos y criterios que puedan evitar el femicidio y brindar una óptima solución a la diversidad y cantidad de casos que se denuncian en la Unidad Fiscal de Violencia de Género”.
Para ello, el fiscal general provincial dispuso la creación de la Oficina de Control de Suspensión de Procedimiento que funcionará en la órbita de la Unidad Fiscal de Violencia de Género diferenciando la naturaleza de este tipo de casos utilizando herramientas procesales alternativas.
Entre ellas se encuentran el “Principio de Oportunidad” que consiste en “suspender el proceso penal tradicional de juicio, condena y castigo, por considerar que a veces no constituye una solución apropiada, ni tampoco querida por las víctimas; debido a que en conflictos de violencia doméstica subsisten nexos familiares, afectivos y hasta económicos”.
Allí es donde entra en juego la secretaría de la mujer ya que los fiscales necesitarán la colaboración la Secretaría que será la encargada de realizar el trabajo de campo mediante diferentes instrumentos y métodos de investigación que consideren pertinentes, como la encuesta ambiental o vecinal.
En tanto que la Facultad de Ciencias de la Salud Fundación Barceló, aportará recursos humanos, “proveyendo de alumnos del último año de la Lic. en Psicología que serán debidamente capacitados para realizar entrevistas y contención a las víctimas”.
Así, explican desde el órgano judicial riojano, si los fiscales actuantes decidieran utilizar este “principio de oportunidad”, primero deberán “munirse de los informes técnicos que respalden esta decisión porque así podrán tener el criterio para proteger a las víctimas, determinando la inexistencia de niveles de riesgo para ellas y su familias”.
Asimismo, se requirió intensificar los sistemas de control de la solución del conflicto y de la causa y para ello se estableció que la nueva oficina tenga a su cargo la verificación del cumplimiento de las normas de conducta que impondrá el juez, en este sentido, se afectó el personal y se habilitaron los registro pertinentes, con comunicación inmediata al fiscal en caso de que el acusado no cumpliera con dichas normas o condiciones.