Diez muertos por mes en las cárceles bonaerenses

En su informe anual 2012, la Comisión Provincial por la Memoria detalló el “agravamiento de los problemas estructurales” en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Según los datos recabados mueren en promedio 10 personas por mes en las cárceles bonaerenses.

Este número en concreto establece que durante el 2011 en total murieron 126 presos en 39 de las 54 unidades del servicio penitenciario bonaerense. De estas muertes, las violentas crecieron un 30% con relación al año anterior, ascendiendo a 47 y las muertes por enfermedades curables ascendieron a 75 (principalmente VIH).

En el informe se hace hincapié en los problemas del sistema penitenciario que son encuadrados a partir de la existencia de un “sistema mayor” denominado “el sistema de la crueldad”. Que posee la persistencia de “la tortura como práctica sistemática”, “la sobrepoblación en la totalidad del sistema”; las “condiciones inhumanas de detención” y la subsistencia de “la corrupción estructural en la administración penitenciaria”.

Aquí entran en juego los datos recabados por la CPM con respecto a hechos de tortura y malos tratos. Desde la comisión detallaron que durante el 2011, 7089 hechos de torturas y malos tratos fueron denunciados. En tanto que se registraron 10.458 hechos violentos informados por el Servicio penitenciario, es decir, casi 30 hechos por día.

Esto representa un incremento del 31% respecto de 2010. “De estos hechos 2093 fueron hechos de represión con armas de fuego con postas de goma. En 8 de cada 10 casos de estos hechos se lesiona el cuerpo de los detenidos”, detallan.

Otro punto señalado en el informe es el hacinamiento ya que “más del 45 % de la población encarcelada en Argentina se aloja en las 60 cárceles y alcaidías penitenciarias de la provincia de Buenos Aires”. Lo que en números significa que en las 18.640 plazas con las que cuenta el servicio penitenciario bonaerense se alojan 27.991 detenidos.

El caso de las mujeres también queda consignado en informe elaborado por la CPM puesto que “e SPB aloja 1.205 mujeres en un sistema carcelario diseñado, pensado, desarrollado y controlado por y para hombres. De estas mujeres detenidas, 17 estaban embarazadas, 74 estaban detenidas con sus hijos/as, y 91 chicos/as se encontraban detenidos/as con sus madres”.

Aquí la problemática se complejiza ya que “a la violencia inherente a las instituciones penitenciarias, se le suma la violencia de género como una forma de la tortura específica, ejercida tanto por personal femenino como masculino”. Siendo “las personas trans que adoptaron una identidad de género femenina son las más vulnerables dentro de las unidades penales”.

La niñez y el sistema penal es otro punto analizado en el trabajo y que teniendo en cuenta “las inspecciones a los centros de detención se ha constatado la persistencia en el uso masivo y generalizado de la prisión preventiva en la ocupación de las plazas de encierro del sistema de responsabilidad penal juvenil”.

Ya que “el 71% de sus vacantes son ocupadas por adolescentes en calidad de procesados. Tomando sólo el 29% restante -que ya cuenta con sentencia condenatoria- en el 73% de estos casos el expediente se resolvió con la cuestionada figura de juicio abreviado, objetada en términos de su constitucionalidad así como de su pertinencia y eficacia en el pretendido proceso de responsabilidad penal juvenil”.

Ante este estado de situación, la CPM integrada, entre otros, por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, Alejandro Mosquera, Aldo Etchegoyen y Laura Conte; y que cuenta entre sus consultores académicos con Baltasar Garzón, Leopoldo Schiffrin y Theo van Boven; emitió ciertas recomendaciones.

Como por ejemplo, la “reorientación de la política criminal (derogación de la ley antiterrorista; creación de una comisión nacional para la reforma, actualización e integración del Código Penal; reordenamiento del Código Procesal Penal y profundización del sistema acusatorio)” y la “transformación de la institución policial en clave democratizadora”.

Asimismo, bregan por la “modificación de las políticas penitenciarias y transformación del Servicio Penitenciario Bonaerense, transformándolo en una fuerza civil (desmilitarizada) de cuidado y seguridad de las personas detenidas” y la “necesidad de superar la distancia entre los cambios parlamentarios positivos en las políticas de niñez y las prácticas en un contexto de violación de los derechos de niñas y niños”.