La denuncia es contra Jorge Zaracho, magistrado que subroga el juzgado Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores de El Colorado en Formosa. Y la realizó la Procuración del Tesoro ante la Justicia de Formosa. El TSJ formoseño lo investigará administrativamente y a su vez formó un jury de enjuiciamiento.
Los coletazos de la denuncia por la presunta “industria del juicio” denunciada por el Gobierno Nacional con respecto a las protestas de gendarmes y prefectos poseen sus primeros coletazos.
Según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Formosa se inició una investigación contra Jorge Zaracho, juez subrogante del juzgado Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores de la localidad de El Colorado, por haber “a principios de este año sacó cerca de medio centenar de medidas cautelares de orden remunerativo que beneficiaron a 11 mil gendarmes”.
La denuncia fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación ante la Justicia formoseña y el Tribunal Superior de Justicia provincial, paralelamente, puso en marcha un mecanismo de investigación por medio del cual inició “un sumario administrativo interno” y, a su vez, “la formación de un jury de enjuiciamiento”. “Ambos procesos están avanzados y a punto de ingresar a su fase definitoria”, explicaron desde el máximo tribunal provincia.
“Por la gravedad de la denuncia presentada, ya en su momento el titular del STJ, Ariel Gustavo Coll corrió vista al Procurador General sobre el mérito de la misma y luego se formó el correspondiente Jurado de Enjuiciamiento ante la eventual existencia de mal desempeño del cargo. Pero además, en el ámbito interno, puso en conocimiento de la presentación al Superior Tribunal de Justicia ordenándose un sumario administrativo que fue instruido por la Secretaria de Trámites del máximo Tribunal Escribana Celica Cattaneo de Rave”, sostuvieron desde el STJ.
En cuanto al sumario administrativo, este “ya está concluido y desde hace una semana está en el despacho del Procurador General para que opine y/o sugiera al Superior Tribunal de Justicia las medidas que deba adoptar en el ámbito interno”; mientras que en cuanto al jury formado se informó que “el jurado hizo lugar a las pruebas pedidas en su momento por el Procurador General, como paso previo a la apertura del juicio, habiéndose a la fecha diligenciados todas las pruebas requeridas, a excepción de un informe del Juzgado Federal de Resistencia que se encuentra pendiente”.
Según explicaron desde el STJ los hechos investigados tienen que ver con que a principios del 2012 cuando en el juzgado que subroga Zaracho, “se presentaron 43 recursos de amparos reclamando a Nación que abone a 11 mil gendarmes sus haberes y los adicionales que hoy son materia de controversia”.
El magistrado “ordenó al Estado Nacional que abone los haberes y adicionales reclamados por los gendarmes… a través de dichas medidas cautelares, cuando justamente la naturaleza remunerativa de estos adicionales y especialmente la mecánica de la incorporación es lo que está en litigio como cuestión de fondo”, sostuvieron desde el tribunal.
“El magistrado sacó estas medidas pese a que resultaba incompetente de manera manifiesta, a punto tal que luego de firmar las cautelares, se apartó del expediente y giró las actuaciones al Juzgado Federal de Resistencia”, concluyeron desde el STJ.