En una presentación efectuada hoy ante el máximo tribunal, la entidad sindical se hizo eco de las versiones periodísticas según las cuales la Corte iba a analizar, antes de la asunción del nuevo gobierno, la cuestión de las gerenciadoras, dejando sin efecto una medida cautelar dispuesta en la causa presentada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
En su presentación, ATE. señaló que "dada la trascendencia institucional que ha adquirido la cuestión planteada se solicita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resuelva sobre la medida cautelar vigente que suspende las contrataciones de las denominadas gerenciadoras".
También reclamó “que se permita al nuevo gobierno iniciar libremente y sin ataduras las revisión de toda la administración del PAMI, dejando sin efecto contrataciones ilegales, o fuera de su competencia, realizando las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades civiles y penales incurridas por la intervención del organismo”.
"El gobierno electo -subraya el pedido- ha anunciado que las primeras medidas de gobierno estarán dirigidas a poner en orden la grave crisis que atraviesa la obra social de los jubilados, producto del desgobierno al que lo han sometido las sucesivas intervenciones del Estado. Todo indica que no sólo revisará las contrataciones efectuadas, sino, también, que las mismas podrían ser declaradas nulas".
Por esa razón entienden que "no hay duda, entonces, que una decisión judicial, en las actuales condiciones, obstaculiza las medidas que debe adoptar el nuevo gobierno y podría configurar un verdadero conflicto de poderes ante la injerencia de la Corte en una cuestión que debe ser resuelta por la nuevas autoridades.