Un grupo de organizaciones presentó ante la CIDH un informe sobre la prisión preventiva en la región. El documento firmado por 15 ongs de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y advierte sobre los principales problemas que promueven y agravan el uso abusivo de la prisión preventiva.
Unas quince organizaciones de siete países, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe en el que se analiza la situación de la prisión preventiva en la región.
La presentación se realizó durante el 146° período ordinario de sesiones del organismo que se está desarrollando en Washington, Estados Unidos, y que se extenderá hasta el próximo 8 de octubre.
El informe destaca que “de acuerdo a los principios del sistema interamericano de derechos humanos, los Estados deben garantizar la libertad personal como regla general, y la aplicación de la prisión preventiva debe ser excepcional. Sin embargo, en los países de la región se advierte un uso masivo e indiscriminado de la medida cautelar”.
Argentina, Perú y Bolivia son los países que “tienen los más altos niveles de presos preventivos, sobrepasando el 50% de la población carcelaria”, consigna el informe realizado por las organizaciones.
Este uso masivo de la prisión preventiva también posee una consecuencia directa ya que “explica, por lo general, el incremento sostenido de la población penitenciaria de las últimas décadas”.
La representante del CELS, Lourdes Bascary, durante la audiencia destacó que esta forma de utilización de la prisión preventiva “se encuentra íntimamente ligada a la forma en que se gestiona el problema de la inseguridad en los distintos contextos locales, con gravísimas consecuencias para los derechos de las personas privadas de libertad”.
Por su parte, Alvaro Herrero, Director Ejecutivo de la ADC, destacó que “en la audiencia se puso de relieve la magnitud y el impacto del uso abusivo de la prisión preventiva tanto en Argentina como en otros países de la región, se hizo especial hincapié en la forma en que dicho uso afecta a grupos y poblaciones vulnerables” .
Otros puntos que destaca el informe son que “en los últimos años se promueven en forma cíclica políticas que buscan aumentar el uso de la medida cautelar, para dar respuesta a las demandas sociales de seguridad”, al tiempo que “existen tendencias preocupantes en materia de regulación normativa que incorporan factores conducentes al uso abusivo de la prisión preventiva”.
“Se observa un impacto desproporcionado sobre grupos vulnerables, como mujeres, niños y pueblos indígenas” explican y agregan que “la mayoría de los sistema judiciales y penitenciarios de la región no generan la información mínima requerida para poder realizar un adecuado monitoreo de las personas sometidas a encarcelamiento y específicamente de los presos preventivos”.
“La falta de independencia judicial es otro de los factores que explican la abusiva aplicación de la prisión preventiva”, destacan las organizaciones.
El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar Gil, señaló durante la audiencia realizada la semana pasada que “el estudio está orientado a dar un aporte para resolver uno de los mas grandes problemas que tiene la región en materia penal y en materia penitenciaria, realmente el problema más grave que tiene la región es el uso abusivo, excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.