José Galeano, abogado querellante en el caso, explicó que la orden emitida por Guzmán sindica a también a Pinochet como coautor de la muerte o desaparición de 77 personas en la operación militar que fue ejecutada a un mes del golpe de Estado y que tuvo por objetivo acelerar los procesos en los Consejos de Guerra de la época. Sin embargo, durante el paso de la Caravana por las ciudades se ordenaron una serie de fusilamientos de presos políticos al margen de los procesos.
El jurista indicó que el procesamiento además contempla la presunta responsabilidad de Pinochet en otros dos casos. El juez Guzmán, que tiene a su cargo 183 querellas criminales contra Pinochet, tomó la decisión antes de que se realicen las pruebas médicas a que deberá someterse el ex presidente de facto que ocupó el poder hasta 1990, y que hoy tiene 85 años.
Junto con la orden de arresto y procesamiento de Pinochet, el magistrado amplió las acusaciones de secuestro a homicidio calificado a otros seis ex uniformados implicados en el mismo caso. La resolución ocurrió días después de que el propio Pinochet pidió perdón por la violencia política que rodeó a Chile en los últimos 30 años, signados por su régimen militar.
Garzón, contento
Desde la península ibérica, el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, que había pedido la extradición del militar chileno y que causó su prolongada detención en Londres, estimó acertada la decisión de la Justicia chilena de procesar a Pinochet, y le deseó “todo el éxito al juez encargado del asunto en Chile”.
Fuentes cercanas al juez español citadas por el diario chileno El Mercurio mostraron su satisfacción por que se aplique la ley por igual y destacaron que “sin lo que se hizo aquí difícilmente se habría llegado al punto en el que estamos”. Consideraron también “muy acertado” que la Justicia chilena haya resuelto “con independencia y aplicando la ley igual a todos los ciudadanos”.
Garzón había abierto las instancias judiciales contra Pinochet en diciembre de 1998 al ordenar su detención en Londres y su extradición a España por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
Tras un largo proceso, el Gobierno británico permitió su regreso a Chile basándose en unos informes médicos que aseguraban que el ex mandatario no estaba en condiciones de ser sometido a juicio.
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