El Senado aprobó por unanimidad una iniciativa que prevé la eliminación de beneficios para los violadores que hayan cometido delitos contra la integridad sexual seguidos de homicidio. Los cambios deberán ser ratificados en Diputados.
El debate fue, ante todo, un intercambio de ideas que sumó nuevas propuestas, porque la decisión fue unánime: los senadores aprobaron el proyecto que establece la eliminación de beneficios y la implementación de un régimen complementario de reinserción para los violadores que hayan cometido delitos contra la integridad sexual seguidos de homicidios.
La iniciativa, que había sido aprobada en Diputados, deberá volver a la Cámara de origen debido a que recibió modificaciones, pero hubo un acuerdo general en torno a estas modificaciones.
La medida precisa los nuevos parámetros para que se brinden los beneficios de salidas transitorias a los imputados por este tipo de crímenes, entre los que se encuentra el máximo grado de puntuación en conducta para que se otorgue este regimen, pero, sobre todo, no haber cometido ambos delitos (violación y homicidio).
Entre los fundamentos, la idea original recuerda el caso de Pablo Díaz, quien había sido condenado en 2002 a doce años de prisión por la violación de una adolescente, en 2009 fue beneficiado con salidas transitorias y durante uno de esos permisos violó y mato a Soledad Bargna de 26 puñaladas; recibiendo por ese crimen una nueva condena a cadena perpetua”.
El texto de la normativa también aclarar que “esta propuesta no es meramente coyuntural: guarda estricta relación con el proyecto de Ley de femicidio”.
La integrante de la Comisión de Asuntos Penales y una de las principales impulsoras de la iniciativa, Sonia Escudero (PJ), instó a la Justicia a que tenga una actitud más “rigurosa” a la hora de fallar al respecto de estas cuestiones, a la vez que celebró que se haya aprobado la iniciativa. También agregó que esto no significa que los reclusos pierdan sus derechos. “El condenado siempre va a” tenerlos, afirmó.
En ese mismo orden, recordó que en Argentina “no hay estadísticas confiables” con respecto a esta temática”, y aseveró que existe una necesidad de “recuperar este debate”. Finalmente, y para responder a algunos cuestionamientos en torno a la iniciativa, sentenció: “No podemos legislar dándole la espalda a la realidad”.
Adolfo Rodríguez Saá (PJ) alegó, por su parte, que “el tema de la inseguridad, que se habla como si fuese sensación, no es tal cosa, es un grave problema que tenemos los argentinos. Lo que estamos tratando son delitos aberrantes, arruinan la vida de un joven o de una mujer, arruinan la vida para toda la vida”.
Asimismo, Luis Naidenoff expresó que “no es una ley que pretenda cercenar derechos de las personas privadas de su libertad. Se pretende garantizar derechos con una mirada integral y terminar con ciertos criterios de discrecionalidad con los que cuentan los jueces de la Argentina”.
Desde el oficialismo, Miguel Pichetto (FpV) consignó que “tenemos que generar instrumentos para tratar de cerrar la puerta y que la pena sea efectiva, que no se acorte, que se cumpla porque son, en general, reincidentes”.