El abogado Roberto José Boico interpuso la acción en resguardo del derecho a la vida de los detenidos, en huelga de hambre desde hace casi tres meses como forma de reclamo, fundando la competencia directa del Máximo Tribunal “ante la evidente privación de Justicia”.
Boico pidió, en su calidad de ciudadano y abogado, que “el Gobierno Nacional arbitre las medidas del caso, por intermedio de cualquiera de sus poderes, incluido el judicial, al efecto de dar pleno, total, y completo cumplimiento de los dispuesto por la Comisión Interamericana”, que depende de la Organización de Estados Americanos.
El letrado además solicitó, en el escrito presentado hoy, que la Corte ordene al Poder Ejecutivo que informe “qué medidas ha tomado para el cabal cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana, y que en su defecto explicite y fundamente su posición negatoria”.
“El artículo 34 de la Constitución nos habilita a evitar la muerte, pues no existiría paradoja más aberrante que sostener la inhabilidad procesal de esta denuncia por cuestiones formales. No queremos héroes ni mártires, no queremos verdugos ni victimarios, sólo queremos la vida de todos los argentinos, sea cual fuere su color político, máxime en este caso cuando las víctimas lo son por una inacción estatal”, escribió Boico, advirtiendo a la Corte por una decisión en sentido desfavorable por parte de ese tribunal.
Sin embargo, es más que probable que el conflicto tenga una solución esta semana por otras vías. Antes del 22 –día en que finalizan las sesiones extraordinarias- el tema será debatido en Diputados, luego del acuerdo con los distintos bloques que logró el Ministerio de Justicia que encabeza Jorge De la Rúa. Lo que la oposición parlamentaria no le aseguró al ministro y sus asesores es que fuera a aprobar el proyecto de ley.
En ese caso, aseguran fuentes ministeriales que tienen en la manga el decreto ya firmado por el presidente Fernando De la Rúa, actualmente en Costa Rica, donde visitará precisamente la Corte Interamericana, y tendrá que mostrar un control absoluto en cuanto al conflicto. Ante las posibles objeciones a un decreto de necesidad y urgencia en materia penal, en el Gobierno ya esgrimen la posibilidad de argumentar que se trata de una disposición procesal, y así escapar a la prohibición.
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