Brevatas

Moyano denunció a Berni y Abal Medina

El titular de la CGT Azopardo Hugo Moyano denunció este miércoles al Secretario de Seguridad, Sergio Berni, y al Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, por “instigación a la violencia y falsa denuncia” por haberlo incriminado a él como autor intelectual de los saqueos que tuvieron lugar en los últimos días en distintos puntos del país. La denuncia la cual recayó ante la jueza federal María Servini de Cubría donde los acusó de intimidación pública, instigación a la violencia y falsas denuncias. Berni y Abal Medina “acusaron con total impudicia al suscripto por haber provocado tales desmanes, lo que no demostraron” aseveró Moyano en la denuncia que fue presentada por los abogados Hugo Moyano hijo y Eduardo Guarna. “La responsabilidad del Ejecutivo es clara, es clara, ya que quienes detentan el poder, deben ser cautos en sus apreciaciones y poner toda evidencia en manos de la Justicia”, consigna la denuncia del sindicalista.

Falsificadores de libros procesados y embargados

La Justicia Federal procesó sin prisión preventiva a siete presuntos integrantes de una banda que falsificaba libros de autores reconocidos y los vendía en ferias callejeras y en el interior del país a mitad de precio y violando las leyes de propiedad intelectual. La resolución, firmada por Rodolfo Canicoba Corral, además embargó los procesados por montos que oscilan hasta los 100 mil pesos. Los procesamientos incluyen al uruguayo Ramón Alberto Saturno, presunto líder de la organización; a sus hijos Nicolás y Fabián Saturno Sivolella; Nancy Facio, Claudia Vigil, Viviana Torales y el serigrafista Freddy Chavarría González, todos ellos por los delitos de “falsificación y comercialización de obras literarias con marcas registradas sin la debida autorización de quienes ostentan los derechos de las mismas”. El juez dispuso también la “falta de mérito” a favor de Lucía Rosina Sivolella, también imputada en la causa.

Dictamen a favor de la Ley de Medios en la Procuración

La procuradora general Alejandra Gils Carbó dictaminó que la Ley de Medios es ajustada a derecho y que la medida cautelar que impide su aplicación debe ser dada por extinta. De esta forma, cuestionó la decisión tomada al respecto por la Cámara Civil y Comercial que ratificó el recurso llevado a cabo por el Grupo Clarín, y recomendó a la Corte Suprema que lo descarten. La procuradora destacó que "en mi opinión, al arrogarse la atribución de revocar el plazo de vigencia de la medida cautelar dispuesto en definitiva por la  Corte, la Cámara se apartó de  la  decisión (de la Corte) de someter la medida cautelar en cuestión a un plazo". Al mismo tiempo, Gils Carbó explicó que “en general, una medida cautelar conservativa como la dictada  en estas  actuaciones, tiene como fin el de trasladar el peso de la demora en la decisión definitiva del pleito, de las espaldas de la  actora a las espaldas de la demandada. La contraparte debe ajustar su comportamiento en ausencia de una sentencia definitiva, postergando -en el caso  de  que  la  decisión  final vaya en su favor- el ejercicio de su derecho, en beneficio  de la actora”.