Así se desprende del contenido de la exposición que el pasado viernes realizó ante los legisladores peronistas el titular de la entidad crediticia, Pedro Pou, a la que tuvo acceso Diario Judicial.
En medio de una ola de presiones internas y norteamericanas para que se apruebe una ley para reprimir el lavado, los senadores justicialistas, que conservarán la mayoría en ese cuerpo, deberán analizar ahora si introducen o no modificaciones a las ya incorporadas por los diputados.
La represión al lavado de dinero estaba incorporada en el articulado de la ley 23.737 conocida como Ley de Drogas.
El proyecto elevado por el PEN, cuando era presidente Carlos Menem, contemplaba "ampliar el delito de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas al lavado de activos provenientes de otros delitos graves". También propone crear "una unidad de inteligencia financiera".
Respecto del primero de esos puntos, Pou coincidió, al exponer el jueves en reunión secreta de la que participaron representantes de otras actividades, en sostener que "cuando Argentina sancionó la Ley 23.737 el hecho de incluir un delito específico y autónomo en una Ley sobre Prevención de la Drogadicción hizo que el delito quedara restringido al lavado de activos provenientes de la droga".
"La experiencia reciente -destacó-, tanto nacional como internacional, hace aconsejable extender el delito al lavado de activos provenientes de otros delitos considerados internacionalmente como graves, tales como el terrorismo, el tráfico ilícito de precursores químicos, de seres humanos, de defraudación en perjuicio de la administración pública, de extorsión y secuestro extorsivo".
Por otra parte, la experiencia internacional reciente señala la conveniencia de crear "organismos específicos de inteligencia financiera, a los efectos de poder detectar tales delitos y poder ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, para que sea éste el que --poseyendo las atribuciones necesarias al mismo tiempo que cumpliendo con los recaudos constitucionales, persiga el delito así tipificado".
Sin embargo, respecto del proyecto aprobado por la Cámara Baja, advierte que "incluye el lavado como una especie del género encubrimiento". Es decir el proyecto sancionado modifica el artículo 277, 278 y 279 del Código Penal, al mismo tiempo que deroga el artículo 25 de la Ley 23.737".
"Artículos con 75 años de vigencia son modificados para incorporar el delito de lavado de dinero, delito que ya está incluido en esos artículos, al tiempo que deroga un artículo que tipifica un delito autónomo".
Pou reclamó finalmente que el Senado contemple la posibilidad que los recursos "provenientes de decomisos ingresen a Rentas Generales y sea el Congreso Nacional el que disponga su asignacióna las distintas necesidades de la Administración Pública y de la ciudadanía". También que la Unidad de Inteligencia Financiera delegue la función de inteligencia en aquellos organismos específicos de contralor, cuando existan, "tal sería el caso del Banco Central en relación a las entidades financieras", ejemplificó.