Brevatas

El 24 de enero próximo se llevará a cabo en la Sala de Feria de la Cámara del Crimen, la audiencia prevista en el articulo 454 del Codigo Procesal Penal de la Nación, para tratar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del jefe de la barrabrava de Boca, Mauro Martín, por la denegatoria de la excarcelación solicitada, que fue rechazada por el Juez en lo Criminal de Instrucción Manuel De Campo. En el día de ayer Martín, junto con su cuñado Gustavo Petrinelli, fueron procesados con prisión preventiva acusados de ser autores del homicidio de Ernesto Cirino, ocurrido en agosto de 2011. A ambos procesados se los sindica de haber atacado a golpes a Cirino el 29 de agosto de 2011, luego de que éste ultimo le reclamara a Petrinelli por los excrementos que su mascota le dejaba en la puerta de su casa, según constancias de la causa, los dos acusados junto a dos personas mas agredieron a Cirino, que falleció por los golpes recibidos dos días más tarde. Luego de la audiencia, los jueces a cargo disponen de 48 horas para resolver si se excarcela o no a los detenidos.

 

Nuevo protocolo de relevamiento de cárceles

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional aprobó un protocolo de relevamiento de cárceles que se adapta a estándares y tratados internacionales. De esta forma buscan modificar y optimizar el sistema que se utiliza en la actualidad. Al mismo tiempo, se establecen nuevos cronogramas de visitas carcelarias, a la vez que brinda una guía para los acompañantes de los magistrados, donde los instruye sobre cómo proceder en este sentido. También, y como punto fundamental, se incorporó otra guía pero de carácter metodológico, para brindar una forma de trabajo que permita elaborar resultados de forma objetiva.

Primer fallo en contra de las nuevas tasas judiciales españolas

El Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió la aplicación de las nuevas tasas judiciales en la región de Cataluña. El proceso fue llevado a cabo para que no se cobren los nuevos montos para apelar que, según consignaron distintas organizaciones y entidades del mundo judicial, impiden el derecho de acceso a la Justicia de parte de la ciudadanía, dado que recurrir ante la Cámara puede costar hasta 800 euros y más de 1.200 si se quiere llevar a revisión una sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia de ese país. Esta es la primera pronunciación judicial contra la medida impuesta por el Ministerio de Justicia español, que recibió fuertes críticas de todos los sectores del Poder Judicial, inclusive de magistrados y funcionarios.