España se replantea el indulto

La ley de indultos española, vigente desde 1870, se encuentra en el ojo de la tormenta desatada por la decisión del Ejecutivo español luego de conceder la medida de gracia a un conductor “kamikaze” condenado a 13 años de prisión por haber causado la muerte de un joven mientras conducía su vehículo a contramano en una autopista de la ciudad de Valencia. 
 

Distintos sectores civiles vinculados con la concientización vial, como así también jueces y fiscales criticaron la decisión, que parece haber sido la gota que colmó el vaso, ya que no se trata de un caso aislado. 
 

Las estadísticas reflejan que los indultos relacionados con la seguridad vial se han incrementado notoriamente en el último año: durante 2012 hubo ocho indultos vinculados con este tipo de delitos, la misma cantidad que en los últimos seis años (en 2006 hubo cuatro, en 2007 y 2008 no hubo, en 2009 y 2011 hubo uno por año, mientras que en 2010 fueron dos). 

 

Desde el gobierno español justificaron los números al señalar que el incremento tiene que ver con un marcado aumento en las peticiones. Durante 2012 se presentaron 1251 pedidos de perdón, siendo que en 2011 fueron 864, una diferencia del 45%. No obstante, si bien a comienzos de la década pasada los indultos otorgados eran significantemente mayores (durante el primer año de mandato de Rodríguez Zapatero se otorgaron 14 indultos de este tipo), los críticos hacen hincapié en que por esos tiempos no existía la conciencia social que hay actualmente respecto a hechos de seguridad vial. 

 

Más allá del rechazo puntual a éste último indulto, la crítica está principalmente dirigida a la ley que regula esa medida de gracia (promulgada en 1870) y que no obliga a argumentar las razones de su concesión. Por ello, es que ya hay sectores políticos que pretenden la aprobación de un cambio en la norma que no sólo exija una motivación a cada indulto otorgado por el Ejecutivo, sino también que exista un informe favorable del tribunal que dictó la sentencia y de la comisión penitenciaria donde se encuentre alojado el detenido.
 

Así, en caso de que haya un informe judicial contrario a la puesta en libertad del condenado, la decisión de conceder el indulto debería ser evaluada por una comisión parlamentaria que estaría compuesta por diputados y representantes del Consejo General del Poder Judicial.
 

Todo ello, también se debe a que los indultos cuestionados no solo tienen que ver con hechos de seguridad vial. En su primer año de mandato, Rajoy ha concedido 486 indultos, entre ellos, uno a cuatro policías condenados por torturas y otro que benefició a cuatro políticos del PP sentenciados por 31 delitos de prevaricato.

 

Otro indulto resonante fue el que beneficio al vicepresidente del Banco Santander, Alfredo Sáenz, condenado a seis meses de prisión y suspensión del ejercicio profesional por delitos continuados de falsa acusación y falsa denuncia. Por el indulto, la condena se convirtió en una multa de 144.000 euros. 
 

En esa ocasión, la Sala Penal del Tribunal Supremo español salió a cuestionar la decisión y sostuvo que la actual ley de indulto es una "herencia del absolutismo". Desde 1977, en España se han concedido 17.620 indultos.
 

La antigua ley bajo la lupa prevé en su artículo uno que “los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados”, con lo cual la reforma propiciada también apunta a excluir determinados delitos de la concesión del beneficio, entre los que estarían los aquellos contra la administración pública, prevaricato, terrorismo, tortura, delitos electorales y delitos ecológicos. 
 

A su vez, el indulto que desatara recientemente la polémica se conmutó la pena del conductor por una multa de algo más de 4.000 euros (seis euros diarios durante dos años). Había sido condenado por la justicia valenciana en enero de 2011 a trece años de prisión por ser autor del delito de conducción con grave desprecio para la vida en concurso ideal con homicidio, lesiones y daños.
 

El hecho ocurrió el 1º de diciembre de 2003, en horas de la tarde, cuando el acusado manejaba su vehículo por la autopista AP-7 en dirección Alicante y tras colisionar con varios vehículos, cambio el sentido de circulación y realizó varios kilómetros a contramano hasta colisionar frontalmente con un vehículo en el que viajaban un joven de 25 años y su pareja, de 21, falleciendo el primero a causa de las lesiones.