Este es el primer caso en la historia judicial de Guatemala en el que un ex Jefe del Estado es llevado ante la Justicia por delitos de lesa humanidad. La decisión fue resuelta por el magistrado actuante luego de una audiencia previa.

Al dictador y a su mano derecha se los acusó del asesinato de 1.771 indígenas ixiles, y de más de 100 violaciones perpetradas contra miembros de esa comunidad.

Ríos Montt, fue procesado en calidad de presunto autor intelectual de las matanzas, mientras que a Rodríguez, ex director de inteligencia G-2,  fue imputado por la ejecución de los planes militares incluidos en la estrategia conocida como "tierra arrasada".

En la audiencia que determinó el juzgamiento, el juez Gálvez hizo lugar a medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía actuante, que consistieron en actas ministeriales de 142 testigos, 126 certificaciones, 84 declaraciones y 61 peritajes.

LA Fiscalía actuante, al momento de realizar la acusación, destacó que el plan de campaña Firmeza 83 establecía la eliminación de actores subversivos y la protección a la población civil, pero el fiscal aclaró que cualquier ciudadano que no simpatizara con el Ejército guatemalteco era considerado enemigo interno y sería perseguido.

Por ese plan también se ordenó aniquilar a los comités campesinos locales, que no eran fuerzas o unidades militares permanentes, sino que eran “sujetos pensantes e ideológicos que no podían entablar combate con el Ejército”.

El acusador también había mencionado a la Fuerza de Tarea Gumarcaj, grupo que operaba en Santa Cruz del Quiché, y que logró alcanzar la suma de mil quinientos soldados de diferentes compañías, por lo que se consideró como un operativo específico para atacar al grupo ixil.

El magistrado señaló que el conflicto tuvo reconocimiento internacional, que había sido seguido por la Organización de Naciones Unidas, con una Comisión Verificadora de Derechos Humanos, y también leyó algunos testimonios de los sobrevivientes.

La defensa del dictador quiso demorar el proceso, ya que luego oír la resolución que elevaba a juicio los delitos cometidos, los abogados del acusado solicitaron un recurso de reposición sobre la base de que el Ministerio Público no tenía un fundamento objetivo para determinar la participación de sus clientes en la comisión de los delitos.

El juez no hizo lugar a esta solicitud, por que consideró que no era el procedimiento adecuado, y que en la fase proceso que se estaba transitando no se podía dar cabida a esa vía impugnativa.

La justicia igualmente dispuso que Ríos Montt continúe bajo arresto domiciliario, y que además Rodríguez, que se encuentra detenido desde 2011, permanecerá recluido en el hospital militar por problemas de salud.
Gálvez fijó la fecha de otra audiencia en donde las partes podrán ofrecer otros medios probatorios, los que serán enviados al Tribunal donde se celebre el juicio.

Rìos Montt llegó al poder el 23 de marzo de 1982 luego de derrocar al ex General Romeo Lucas García. En 1999 la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, lo había denunciado ante la Audiencia Nacional española por tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado, sin que la acusación haya prosperado