"No comparto la tesis de que la ciudad no puede tener su propia administración de justicia”, dijo De la Rúa durante el acto, realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. De esta manera, el Presidente de la Nación criticó la llamada “ley Cafiero”.
Además, De la Rúa ratificó que se va a garantizar la estabilidad de los magistrados judiciales. Dijo también que “los vecinos necesitan un verdadero servicio de justicia y en algunos fueros no lo tienen. La transferencia es una pequeña pero importante herramienta para luchar contra los problemas de la seguridad. Me alegra mucho firmar el convenio por el que luché cuando fui Jefe de Gobierno de la Ciudad “.
El ministro Jorge de la Rúa, ante la oposición férrea de los magistrados al traspaso, dijo que “hay dos cuestiones a distinguir : que la ciudad no puede tener nunca competencia , lo que es inconcebible porque lo estatuye la Constitución y que la transferencia tiene que salir por ley, y eso es cierto , el convenio no pretende regir por si mismo , sino que va a ser elevado al Congreso para que lo ratifique”. Además el Ministro de Justicia aclaró que aspira a que “no se plantee polémicamente el tema y que a través del consenso y sin perjudicar a los actuales magistrados en absoluto se pueda lograr un sistema eficiente”.
De la Rúa dijo además a Diariojudicial.com que “la ausencia de los magistrados no fue una desilusión, aunque lo ideal hubiera sido contar con su presencia”.
Aunque continúe la oposición de los magistrados, el hermano del presidente dijo que el objetivo es “avanzar” en el traspaso. “En última instancia es una cuestión de interpretación constitucional que tendrá que resolver la Corte”.
Ante la pregunta de Diariojudicial.com de si llegar a la Corte podría tensionar los ánimos entre los magistrados, el ministro contestó que “si, pero sería una solución más rápida tener el problema esclarecido desde un comienzo. Además, en la primera causa de insconstitucionalidad que se plantee tendrá que resolver la Corte”.
Por su parte, Aníbal Ibarra reconoció la gestión del Ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, para avanzar en la firma de este convenio. Ibarra hizo hincapié en los temas sociales para solucionar los problemas de seguridad. Dijo que este “es el mayor avance para que la ciudad tenga su propia justicia y es un paso central para que la política de seguridad tenga éxito”.
Sumado a la solicitada conjunta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación y la Unión de Empleados de Justicia, está última organización sindical convocó este mediodía a una ruidosa manifestación de protesta frente al Palacio de Justicia, en el transcurso de la cual su secretario general, Julio Piumato, advirtió que si el traspaso adquiere estado parlamentario se opondrán en forma férrea, a la vez que amenazó con la realización de un paro general de la Justicia Nacional.
Mientras tanto las Cámaras de los Fueros Civil y la del Crimen declinaron la invitación que les había sido cursada para participar del acto de traspaso, en consonancia con la actitud asumida por la entidad que los nuclea profesionalmente.
La Cámara Civil, por su parte advirtió que el convenio "afecta gravemente la independencia del Poder Judicial, la normalidad institucional y la seguridad jurídica" ya que "la actual distribución de competencias jurisdiccionales entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires se encuentra regulada por las normas de la constitución Nacional y de la ley 24588 de Garantías de los intereses del Estado Nacional".
Al hablar ante un centenar de empleados judiciales, Piumato advirtió que la protesta es un acto de "resistencia al desguace" de la Justicia, expresado en el convenio que "forma parte de un proyecto pergeñado por el Banco Mundial desde hace muchos años, y significa la destrucción de lo poco que le queda a la justicia".
El dirigente destacó el "accionar común con los jueces" a través de la solicitada conjunta en la que se advirtió que con el traspaso "no se ha tenido en cuenta la situación de magistrados, funcionarios y empleados con relación a su estabilidad, su sistema jubilatorio y sus servicios de obra social".
"Ellos quieren que todos los esfuerzos estén en el pago de la deuda externa y no en brindar los indelegables servicios de salud educación y justicia", enfatizó a la vez que advirtió que "detrás de este proyecto esta el desguace de la Justicia. Es el mismo plan de los que alimentaron el tarifazo, la reforma previsional".
"Hay decisión de que el día que quieran tratar este proyecto en el Congreso para que tenga fuerza, vamos a hacer un paro judicial en todo el país y vamos a movilizar", decía Piumato desde las escalinatas de Tribunales mientras sonaba "Resistiré", la canción que hizo famosa Almodovar en la película Átame.
Por último, subrayó que "a los jueces les dicen que les van a garantizar la estabilidad y la defensa de sus derechos, y a los funcionarios y empleados no, porque se imprime en el proyecto del Banco Mundial, de que se gaste menos en Justicia".
La Cámara del Crimen
Por su parte, la Cámara del Crimen también rechazó la invitación al acto y reveló que sus integrantes -no todos- fueron invitados al acto "en forma telefónica".
El tribunal de alzada reafirmó los términos de las Acordadas dictadas el 24 de marzo de 1997 y el 18 de febrero de 1998 "por medio de las cuales se formalizó la oposición de esta cámara al mentado traspaso".
Asimismo, recordaron que la "actividad jurisdiccional de este Poder Judicial de la Nación, al que pertenecemos, reconoce su origen en la constitución Nacional, no siendo admisible que se resten competencias atribuidas por dicha Ley Suprema, por una vía no prevista en tal dispositivo legal.
"La seguridad jurídica de la Nación debe estar al margen de los intereses de circunstanciales mayorías, encontrando basamento único en la constitución Nacional, marco supremo de las instituciones de la República".
Por esa razón manifestaron que "el traspaso de competencias anunciado vulnera la constitución y la Ley de Garantías de intereses del Estado Nacional, resultando violatorio del marco legal".
El acto de traspaso transcurrió en un clima alterado por las distintas manifestaciones que convergieron en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, que obligaron a extremar las medidas de seguridad.
A la tradicional marcha de la Resistencia que todos los años organizan las Madres de Plaza de Mayo y organismos de los derechos humanos, se sumaron los familiares de los presos por el copamiento del cuartel de La Tablada, que reclamaron al gobierno a viva voz que "no los dejen morir", en alusión a la huelga de hambre que cumplen desde hace cien días.
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