Amnistía Internacional realizó un Amicus Curiae dirigido a la Corte tucumana para que el Estado argentino garantice una "investigación seria" para el caso de Marita Verón. “Parece evidenciarse el trato discriminatorio que sufren muchas mujeres por parte de la Justicia”, indicaron.
El reciente fallo en la causa de Marita Verón, donde se investigó el secuestro y desaparición de la joven tucumana que fuera conducida a los circuitos de la trata de personas de esa provincia, despertó una gran polémica y la decisión de los camaristas en torno a la falta de relación de los imputados al caso específico fue cuestionada por diversos sectores.
En ese orden, el caso cobró tal relevancia que Amnistía Internacional elaboró un Amicus Curiae que fue dirigido a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en donde cuestionó el rol del Estado a la hora de seguir una investigación en la causa, y además, fustigó al Poder Judicial: “Este caso parece evidenciar el trato discriminatorio que sufren muchas mujeres por parte de la administración de justicia”.
Paola García Rey, coordinadora del Área de Protección y Promoción de Derechos Humanos de la organización, afirmó que “el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación, y en algunos casos, la imposibilidad, para obtener las pruebas”.
“Es por ello que resulta cuanto menos preocupante que la investigación en el caso Marita Verón haya demorado 10 años y alarmante que, transcurrido ese tiempo, la justicia no haya podido conocer el paradero de la víctima ni establecer responsabilidades por su desaparición”, agregó la integrante de Amnistía Internacional.
García Rey también destacó que “la violencia y la discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en las sociedades americanas, lo cual se ve reflejado en la respuesta de los funcionarios de la administración de la justicia hacia las mujeres víctimas de violencia y en el tratamiento de los casos”.
En el escrito, los integrantes de la organización explicaron cuál es el interés en el caso al alegar que “con el transcurso del tiempo, se ha ido forjando un consenso por parte de la comunidad internacional que reconoce la violencia contra la mujer como un problema de derechos humanos que requiere una proactiva y urgente intervención de los Estados”.
“Este consenso encuentra reflejo en los numerosos instrumentos internacionales, declaraciones y plataformas que cuentan con amplio respaldo estatal, resoluciones de la Asamblea General aprobadas por consenso, opiniones de los órganos de tratados, jurisprudencia de los sistemas universal y regional de protección de derechos humanos, y pronunciamientos y recomendaciones de otros órganos internacionales expertos en la materia, y del derecho consuetudinario, así como otras fuentes del derecho internacional”, explicaron los miembros del organismo.
En estos términos, los miembros de Amnistía agregaron que “la cuestión examinada en este escrito, posee una trascendencia que supera el mero interés de las partes: es central en la actual discusión sobre la violencia de género en la República Argentina”.