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“Quédense todos muy tranquilos que es decisión de la Corte Suprema cumplir con la responsabilidad que le ha dado la Constitución, defender la Constitución cuando sea necesario, con equilibrio, independencia y con la honestidad intelectual que nos ha caracterizado hasta ahora”, fueron las palabras con las que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, omitió opinar sobre los proyectos de democratización de la Justicia anunciados el lunes por la presidente, Cristina Fernández de Kirchner.

“Estamos a disposición para conversar y decir lo que pensamos” dijo, aunque observó que “quien debe opinar y discutir los proyectos de leyes son los parlamentarios” ya que “puede haber litigios, y cuando hay esos litigios es muy probable que la Corte Suprema tenga que opinar”.

“La persona es el centro del ordenamiento jurídico” explicó Lorenzetti durante la presentación de los cursos de capacitación y agregó que “uno de los temas centrales es el acceso a Justicia y la idea de la mediación”. “Trabajar sobre la cultura y la educación”, sintetizó.

Siguiendo con las repercusiones por los anuncios de la presidente, Alejandro Fargosi, actual consejero de la magistratura en representación de los abogados de Capital, sostuvo al respecto que "los cambios que se quieren hacer al Poder Judicial son para dominarlo y someterlo al cristinismo”. Fargosi sostuvo que había sido invitado al anuncio del pasado lunes pero que declinó la invitación porque "sería ridículo ir a un acto donde se darán a conocer proyectos cuya intención no se comparte".

En el ambiente donde deberán transitar los proyectos de democratización hay voces que ya se alzaron. Victoria Donda (FAP) sostuvo: “así se decide la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos’, dijo la presidente sobre la Justicia argentina. Es precisamente por esa importancia que no voy a acompañar ningún intento de someter al Poder Judicial a quien momentáneamente ocupe el Poder Ejecutivo”.

“Fuimos muchos los que aplaudimos cuando se enterró a la Corte menemista adicta, sin embargo hoy vuelven sobre sus pasos y al igual que el menemismo, quieren convertir a la Justicia en un ministerio más del Poder Ejecutivo”, dijo la legisladora y concluyó: “el Gobierno sólo busca imponer su mayoría dentro del Consejo, busca un Consejo sumiso y adicto, para que elija a los jueces más afines a sus intereses”.

Mientras tanto los magistrados y funcionarios agrupados en “Justicia Legítima”, mediante un comunicado dijeron que “las ideas centrales de los proyectos… son plenamente compatibles con la meta de alcanzar una Justicia más plural y más independiente, y dispuesta a rendir cuentas de su actuación ante la ciudadanía entera”.

Luego del anuncio también se expresó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que sostuvo que “ya se habían producido decisiones equivocadas y encontradas con la celeridad e independencia del Poder Judicial, y de los intereses de justiciables y abogados, a pesar de las reiteradas advertencias de nuestra Institución” .

“En cuanto al Consejo de la Magistratura, hemos manifestado públicamente nuestro total desacuerdo con la idea de modificar la elección de consejeros abogados y jueces por elección popular por ser clara y manifiestamente inconstitucional, así como con respecto a las otras propuestas que anunciara el 1 de marzo ante ambas Cámaras del Congreso Nacional, en la apertura del año legislativo”, explicaron en un comunicado difundido minutos después de las palabras de la Presidente.

El Colegio “lamenta profundamente que una pelea entre el Poder Ejecutivo Nacional y un grupo económico, produzca el intento de llevarse por delante a la división tripartita de poderes de la República, la independencia del Poder Judicial y, atente decididamente contra derechos de la Abogacía, otorgados por el art. 114 de nuestra Constitución Nacional”, concluyeron.

 Las los seis proyectos de ley que anunció la presidente entrarán parte por la Cámara de Diputados, y parte por la Cámara de Senadores, con el fin de acelerar los debates.