“El Estado no está habilitado para intervenir por carecer de personería”, dijo el fiscal quien, además aclaró que “no hay peligro de sanción internacional, pues se trata de una recomendación para el futuro y sin efecto retroactivo”. Con este dictamen contestó al escrito presentado por el Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, que había abogado por la legitimación ante la existencia de una “emergencia institucional” generada por el incumplimiento a la recomendación de la comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge De la Rúa, dijo hoy a Diariojudicial.com que el dictamen de Plee “era previsible”, aunque se mostró esperanzado ante la próxima resolución de la Cámara que se expedirá entre el lunes y el viernes próximos. De resolver coincidentemente con el fiscal, en el Ejecutivo aseguran que la causa llegará igualmente a la Corte a través de un recurso de queja.
De la Rúa, seguro de la decisión de Plee, porque ya se había expedido sobre el tema con anterioridad y teniendo en cuenta sus antecedentes como fiscal del juicio oral en el que la Cámara de San Martín condenó a los presos de la Tablada, se mostró conforme con la velocidad con la que fue realizado el dictamen. “Se expidió rápidamente, y en estos casos el tiempo es importante”, dijo el ministro.
El jefe de la cartera de Justicia además aseguró que hoy el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini contestaría a la última demanda de la Comisión Interamericana, presentada el lunes, y en la que se estableció un plazo de diez días para que el Gobierno señalara todo lo que el Gobierno está haciendo para cumplir con la recomendación de 1997.
La presentación del organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) contradice al dictamen de Plee, en cuanto define a la recomendación como “para futuro y sin efecto retroactivo”, al mostrar el interés actual e insistente por que se cumpla con los preceptos del Pacto de San José de Costa Rica.
Si Casación emite su resolución entre el viernes y el lunes, es posible que la Corte Suprema trate la cuestión el martes en su último acuerdo del año. De no allanarse el camino a una solución y de negarse la habilitación de feria, podría quedar el tratamiento para febrero.
Tras el fallo de ayer en el que la mayoría de la Corte rechazó un habeas corpus a favor de los presos presentado por el abogado Roberto José Boico, parece haber “silencio de radio” respecto de la postura que tomarán los integrantes del Máximo Tribunal. El único que ayer dejó ver en su voto su intención de otorgar la segunda instancia y así hacer posible el ejercicio de los derechos de los condenados fue el ministro Enrique Petracchi, aunque se mostró escéptico de que sus pares lo acompañaran a la hora del fallo por el recurso interpuesto desde el Ejecutivo.
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