La Comisión de Legislación General del Senado comenzó a debatir tres iniciativas que buscan crear un Registro de Deudores Alimentarios en Mora. La iniciativa de Aníbal Fernández, Liliana Fellner y Ada Iturrez de Cappellini.
La primera iniciativa había sido presentada el año pasado: con la firma de los senadores Aníbal Fernández (FpV), Elena Corregido (FpV), Elsa Ruiz Díaz (FpV) y Mirtha Luna (FpV), el proyecto para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora empezó a ser debatido pero después de algún tiempo se abandonó la discusión.
Por eso, y en orden a incorporar dos nuevas propuestas en este sentido, presentadas por Liliana Fellner (FpV) y Ada Iturrez de Cappellini (Frente Cívico por Santiago), la Comisión de Legislación General comenzó el tratamiento de las iniciativas en miras a lograr un dictamen conjunto.
Los senadores que presentaron los distintos proyectos coincidieron en el hecho de que un registro de estas características es necesario. Por eso, en sus fundamentos, todos esgrimen razones similares, sino iguales, de por qué debe llevarse a cabo la aprobación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
En primer lugar, todos los proyectos definen al deudor como aquel que está obligado al pago de cuotas alimentarias establecidas por una resolución judicial o un convenio homologado, que no haya abonado las tres últimas cuotas consecutivas o cinco alternadas. Esta previsión se toma en cuenta siempre que el deudor no pueda demostrar razones o motivos válidos para la demora.
En las propuestas se pueden ver diferencias sobre cuándo inscribir a los deudores, sobre los listados existentes, y otros elementos que no constituyen ningún punto de diferencia insalvable, ya que las precisiones son muy similares en todos los casos.
Esta situación se repite en el punto relativo a las facultades que los deudores perderán una vez que entren al registro: necesitarán el certificado de “libre deuda registrada” para las solicitudes de apertura de cuentas bancarias y otros trámites ante entidades financieras, para renovación de licencias y habilitaciones de comercios, entre otros puntos.
En los fundamentos del proyecto presentado por Fellner, se destaca que “resulta notoria la trascendencia social que emana del hecho de que existan personas sufriendo penurias económicas mientras sus familiares, que se encuentran en condiciones de prestarles auxilio y manutención, incumplen en el pago de las cuotas alimentarias que adeudan”.
Además, la senadora consigna en el texto que “con este proyecto de ley se procura proteger estas impostergables necesidades alimentarias creando el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, que como su nombre lo indica, tendrá por función central registrar datos relevantes de toda persona deudora de alimentos en mora, cualquiera sea el lugar o jurisdicción en la que tramite el reclamo judicial”.
Por su parte, Iturrez De Cappellini señala en su iniciativa que “el deber alimentario para con los hijos es una de esas obligaciones que aun aquel que no conozca el derecho asume que debe prestarse. Sin embargo, a pesar de lo que disponen la costumbre, los usos sociales, las leyes y los tratados internacionales tienen un alto grado de incumplimiento”.
La propuesta de Fernández establece que “el Registro Nacional facilitará la implementación de medidas conjuntas, tanto administrativas como jurídicas, así como también la socialización de información permitiendo el seguimiento de los casos a nivel nacional”.
“La cuota alimentaría deviene de lo establecido en el régimen de patria potestad y los alineamientos y alcances estipulados en dicho ordenamiento, que establece no solo el derecho sino también la obligación de satisfacer y garantizar las necesidades alimentarías de los hijos”, agrega el senador en los fundamentos.