La medida fue dispuesta por el juez federal Adolfo Bagnasco, por entender que "no había delito, respecto de la persona" de Zanola, quien había prestado declaración indagatoria el pasado 8 de noviembre.
En aquella oportunidad, Zanola aseguró ante el juez y el secretario Oscar Aguirre que la liquidación del ISSB se produjo "dentro del marco de la ley de Reforma del Estado".
El dirigente advirtió en esa ocasión que él no es un funcionario público ya que "nunca actuó en tal carácter, no comprendiéndole consecuentemente las obligaciones o limitaciones propias de un cargo de tal naturaleza".
En ese entendimiento, el dirigente bancario sostuvo que la gremial que encabeza "no ha tenido intervención alguna en la decisión del Poder Ejecutivo, explicitada en los decretos 263/96 y 492/95" por los cuales se dispuso la liquidación y la supresión de la contribución específica para el sector por parte de las entidades bancarias.
En la causa se investigan irregularidades presuntamente cometidas tras la disolución del ISSB y la Obra Social Bancaria, referidas a la continuación en la prestación de los servicios de salud.
La denuncia fue formulada por el médico Cesar Bernasconi y otros facultativos quienes sostuvieron que el ISSB dejó de percibir el 2 por ciento del beneficio de los bancos que le correspondía por la ley 19.322.
De ese modo, "cuantiosos fondos que debían ser percibidos" por el ISSB fueron "desviados sin que se conozca su destino cierto.
En esta causa, el juez Bagnasco procesó el pasado 1 de noviembre a Alderete por los delitos de "malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público".